Emcali detecta conexiones ilegales que causan millonarias pérdidas en Cali

Emcali dio inicio a una ofensiva legal contra 150 predios residenciales y comerciales que operaban con conexiones ilegales de agua en Cali.

Esta decisión se fundamenta en pérdidas que superan los $31 millones mensuales, ocasionadas por estas prácticas irregulares que afectan directamente la sostenibilidad del servicio público y a los usuarios cumplidos.

Según lo informó la empresa, los predios involucrados están repartidos por diferentes zonas de la ciudad.

Estas conexiones clandestinas representan una defraudación de fluidos, tipificada en el artículo 256 del Código Penal.

Las pérdidas se dividen en $14.444.644 por el servicio de acueducto y $16.562.236 por alcantarillado.

Emcali no solo procederá con el retiro de las conexiones ilegales, sino que además presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación.

Fraude de agua

En un reciente operativo realizado en el barrio Antonio Nariño, técnicos de Emcali detectaron una modalidad de fraude mediante un bypass.

Esta instalación clandestina desviaba el consumo para que el medidor no registrara el uso real del agua.

Al inspeccionar, se descubrió una tubería que alteraba el flujo normal y dos conexiones adicionales no autorizadas, las cuales fueron desmontadas inmediatamente.

Alexander Castellanos, jefe de la Unidad de Control de Pérdidas, explicó que estas maniobras no solo distorsionan el consumo, sino que vulneran el funcionamiento del sistema.

“Estos fraudes hacen circular el agua en sentido contrario, lo que requiere excavaciones e intervención inmediata para asegurar el funcionamiento correcto del servicio”, afirmó Castellanos.

Además del retiro de las conexiones ilegales, Emcali suspendió el suministro en los predios implicados y mantiene un seguimiento activo sobre los casos reportados.

Roger Mina, gerente general de Emcali, reiteró que no se tolerarán este tipo de acciones que afectan a los caleños responsables.

En sus palabras, este delito no solo representa una pérdida para la empresa, sino un acto injusto frente a quienes pagan su servicio puntualmente.

“Seguiremos trabajando de la mano con las autoridades para judicializar a los responsables y continuar con los operativos en los puntos donde se identifiquen anomalías”, declaró.

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