¿Te exoneraron una multa en Cali? Fiscalía podría llamarte a rendir cuentas

La Fiscalía General de la Nación investiga un caso de presunta corrupción dentro de la Secretaría de Movilidad de Cali, donde funcionarios y particulares habrían colaborado para exonerar ilegalmente el pago de comparendos de tránsito entre 2019 y 2022.

Este escándalo también generó preocupación sobre el destino de los ciudadanos que se beneficiaron de estas exoneraciones fraudulentas.

Es por esta razón que el Diario Occidente habló con el abogado Hernando Morales Plaza, para proporcionar una perspectiva legal sobre las consecuencias que podrían tener los ciudadanos involucrados.

Según Morales, uno de los delitos imputados a los funcionarios capturados es el cohecho, que implica que una persona ofreció dinero a un servidor público para que éste realizara actos contrarios a sus deberes.

Este hecho requiere la participación de un particular que ofreció o entregó el dinero, lo que significa que no solo los funcionarios, sino también los ciudadanos que pagaron sobornos, podrían enfrentar cargos serios.

Agregando que “es un delito que puede darle a ellos, por ser particulares, mínimo de 6 a 12 años sin importar la cuantía”.

Morales explicó que la Fiscalía debe procesar a todos los involucrados sin distinción de cuantía.

La investigación no priorizará casos por la cantidad de dinero implicada, ya que el delito de cohecho exige la identificación tanto del que da como del que recibe el soborno, por lo que la Fiscalía tendría la tarea de determinar claramente las personas beneficiadas por estas exoneraciones ilegales y proceder legalmente contra ellas.

Es decir que tanto funcionarios como ciudadanos serán procesados en casos separados, pero relacionados por el mismo delito de cohecho.

Esta separación en el procesamiento permitirá que se aborden adecuadamente las responsabilidades individuales de cada parte implicada.

Vencimiento de términos

La posibilidad de vencimiento de términos es una preocupación en investigaciones de gran escala, pero Morales considera que es poco probable en este caso.

Para los servidores públicos, las penas por delitos como el cohecho son elevadas, con un máximo de prescripción de 20 años, que se reduce a la mitad tras la imputación, quedando en 10 años.

En el caso de los particulares, las penas varían de 6 a 12 años, con una prescripción mínima de 6 años.

Morales indicó que la Fiscalía podría decidir agrupar a varios ciudadanos en un solo proceso para optimizar los recursos y la eficiencia del procedimiento judicial, pero esta decisión operativa dependerá de la estrategia legal que adopte la entidad en su investigación.

La Fiscalía General de la Nación sigue recopilando pruebas y avanzando en la investigación para llevar ante la justicia a todos los responsables de estos actos ilícitos.

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