Petro agita el ambiente con propuesta de constituyente: 5 claves para entender qué propone

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, presentó un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Esta figura, prevista en la Constitución de 1991, permitiría hacer una reforma profunda al sistema polítaico y jurídico del país.

Según el ministro Eduardo Montealegre, el objetivo es crear nuevas instituciones acordes con los desafíos sociales y democráticos del siglo XXI.

El documento plantea que la Asamblea esté conformada por 71 delegados elegidos por voto popular, con participación paritaria entre hombres y mujeres, e inclusión de sectores no tradicionales.

La convocatoria no busca disolver el Congreso ni modificar tratados internacionales, sino abrir un espacio amplio y democrático donde se delibere sobre el futuro del país.

Para que la Asamblea Nacional Constituyente sea una realidad, se debe seguir un procedimiento estricto: primero, el Congreso debe aprobar el proyecto de ley; después, la Corte Constitucional revisa su legalidad; finalmente, se realiza una consulta popular en la que al menos una tercera parte del censo electoral debe votar afirmativamente. Solo así se puede convocar oficialmente la Asamblea.

El tamaño total del censo electoral en 2025 fue de 40.963.370 personas, según la Registraduría Nacional. Para que la consulta sea válida, se requiere la participación mínima de un tercio del censo, es decir, aproximadamente 13.654.457 votantes.

Además, si se aprueban reformas mediante este mecanismo, deben contar con el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos.

¿Qué se espera lograr con la Asamblea?

El ministro Montealegre aseguró que el propósito es modernizar el Estado colombiano, superar bloqueos institucionales y garantizar derechos sociales que han sido postergados.

Afirmó que algunas normas vigentes son utilizadas para frenar avances que beneficien a la población más vulnerable. Por eso, propuso una Asamblea que represente a diversos sectores sociales, desde campesinos hasta comunidades étnicas.

Desde Shanghái, donde realizó el anuncio, el funcionario invitó al país a iniciar un proceso similar al de 1991, cuando una gran movilización social dio lugar a la Constitución actual.

El nuevo proceso, según Montealegre, debe ser democrático, sin imposiciones externas y con amplia deliberación pública.

El presidente Gustavo Petro respaldó la iniciativa, aunque aclaró que será el comité pro constituyente, integrado por organizaciones sociales, el que tendrá la responsabilidad de afinar el texto definitivo y recolectar firmas para presentarlo como una propuesta de iniciativa popular.

Reacciones y antecedentes

No todos recibieron con entusiasmo el anuncio. Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia advirtió que citará a moción de censura al ministro Montealegre.

Considera que este proyecto podría abrir la puerta a cambios institucionales que favorezcan intereses políticos del actual gobierno.

Por su parte, Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, manifestó que estaría abierto al diálogo sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, siempre y cuando el proceso respete la separación de poderes y la estabilidad democrática.

Su posición refleja una disposición institucional al debate, pero dentro del marco constitucional vigente.

“La Constitución del 91 no necesita cambiarse, necesita cumplirse”, afirmó López, quien considera que los problemas del país no se deben a fallas del texto constitucional, sino a su falta de aplicación.

El procedimiento para una Asamblea Nacional Constituyente ya está contemplado en la Constitución vigente.

La última experiencia se vivió en 1991, cuando se eligieron 70 constituyentes, más dos representantes de grupos desmovilizados, para redactar una nueva Carta Política. Aquella vez, el proceso fue impulsado por la ciudadanía a través de la famosa “séptima papeleta”.

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