Colombia ocupa primer lugar en asesinatos de defensores del Medio Ambiente

Ante el informe dado a conocer por la organización Global Witness que ubicó a Colombia en el primer lugar con mayor número de víctimas de asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente en 2023, el Ministerio de Ambiente enfatizó que “la naturaleza y sus defensores no pueden ser un botín de guerra”.

Así mismo el Ministerio ratificó su compromiso con la protección de los defensores y defensoras del medio ambiente y por eso enfatizo que está desarrollando distintas acciones en el marco del Acuerdo de Escazú y el Sistema Nacional de Diálogo para la transformación de conflictos ambientales.

En lo corrido de 2024, el Ministerio de Ambiente ha recibido 37 casos de defensores ambientales amenazados que han sido atendidos de manera oportuna para reducir su riesgo.

El informe

Global Witness publicó en su más reciente informe acerca de la situación de personas defensoras del ambiente, que Colombia ocupa el primer lugar en asesinatos.

Por eso el Minambiente manifestó que “nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, con las organizaciones sociales que durante décadas han defendido ambientalmente el territorio”.

El Gobierno Nacional reconoció la grave situación que deriva de conflictos socioecológicos asociados al narcotráfico, prácticas extractivistas vinculadas a economías ilícitas y a la reconfiguración del conflicto armado.

Además, como parte de su política de protección y defensa de los derechos humanos, ha establecido una estrategia integral para garantizar la vida y seguridad de las personas defensoras del ambiente.

Esfuerzos

Esta política se desarrolla mediante la articulación de esfuerzos entre los Ministerios del Interior, Defensa y Ambiente, junto con diversas entidades del Estado, con el fin de abordar de manera efectiva esta situación y proteger a quienes se encuentran en riesgo.

En ese sentido, el Ministerio de Interior incrementó el presupuesto asignado a la protección colectiva del Decreto 660 y adoptó una serie de medidas para mejorar la priorización, transparencia y accesibilidad del programa.

El incremento progresivo de estos recursos es fundamental para ampliar el acceso de colectivos y garantiza la plena implementación de los planes de protección y autoprotección.

Además, Mininterior incrementó el presupuesto de la Dirección de Derechos Humanos en cerca del 400%, destinado a la instalación de la Mesa Nacional de Garantías, en la que se aborda interinstitucionalmente, de la mano con la sociedad civil, las problemáticas que derivan en el asesinato y las agresiones contra defensores y defensoras. Hay instaladas y activas 16 Mesas Territoriales de Garantías.

El mes pasado se realizó una presentación del índice de focalización que incluye las diferentes variables institucionales y sociales relacionadas con la prevención, protección, garantías de no repetición y la generación de condiciones favorables a la labor de defensa de los Derechos Humanos.

Así mismo, se adelanta la construcción de la Política Pública Integral de Garantías para Personas Defensoras de Derechos Humanos que verá la luz este año y que se caracteriza por ser un proceso legítimo propuesto desde la sociedad civil, en el cual han participado cerca de 1000 personas defensoras pertenecientes a diferentes regiones del país.

Este año, la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nacional, ha logrado materializar 16 resultados operacionales por afectaciones contra Líderes Ambientales en los municipios de San Pablo Bolívar, Nuquí Chocó, Medellín y Granada Antioquia, Cali Valle del Cauca y Santa Marta Magdalena.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente tiene en funcionamiento la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú y el Sistema Nacional de Diálogo para la transformación de los conflictos ambientales, con participación de organizaciones sociales y ambientales en diferentes regiones del territorio nacional.

De igual manera, el Ministerio de Ambiente cuenta con el protocolo de reacción y mitigación ante situaciones de riesgo con las personas defensoras de la Tierra y la Naturaleza.

Con el reciente fallo de la Corte Constitucional que ratifica la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú en Colombia, el Gobierno seguirá fortaleciendo sus herramientas para enfrentar de manera decidida con acciones en los territorios esta situación y brindar garantías a los líderes en su defensa del ambiente, porque la naturaleza y sus defensores no pueden ser un botín de guerra.

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