Fiscalía y Procuraduría investigan nexos con disidencias

La crisis institucional desatada por las revelaciones sobre presuntos vínculos entre miembros de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá” y altos funcionarios del Estado tomó nuevo rumbo con las investigaciones iniciadas por la Fiscalía y la Procuraduría.

Por un lado, se conoció que la Fiscalía inició el análisis forense de los archivos incautados al cabecilla insurgente y la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas y del directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, Wilmar Mejía, ordenada por la Procuraduría General de la Nación.

Luego que el presidente Gustavo Petro solicitara un examen forense a las pruebas de los presuntos vínculos entre las disidencias y funcionario del gobierno, expertos del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI comenzaron a revisar uno a uno los documentos recuperados de los computadores, discos externos y memorias USB incautados el 24 de julio de 2024.

Este análisis, que se desarrolla bajo la coordinación de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema y la Unidad contra las Bandas Criminales, busca esclarecer la veracidad y alcance de los supuestos contactos entre oficiales del Ejército y las disidencias, revelados por Noticias Caracol y que generaron una fuerte polémica nacional.

El presidente Petro reiteró que el examen forense solicitado será determinante para cualquier decisión y aseguró tener “muchas dudas” sobre la información divulgada y enfatizó que solo actuará con base en los resultados que entregue la Fiscalía.

El mandatario dijo que “de acuerdo con eso tomaré decisiones, no antes, porque debo procurar que la verdad sea la que guíe mis decisiones”.

El mandatario también defendió en varias ocasiones a los funcionarios involucrados, afirmando que las acusaciones eran falsas y que incluso habría intereses externos detrás.

Blindaje

Por otra parte, la Procuraduría dijo que investiga si los funcionarios filtraron información clasificada sobre operaciones militares y si habrían orientado a miembros de las disidencias en la creación de empresas de seguridad para legalizar el porte de armas ante un eventual cierre de diálogos con el Gobierno.

Por eso evalúa la suspensión provisional del general Huertas y de Mejía con el objetivo de “blindar el proceso disciplinario”.

La medida cautelar se mantendría mientras se verifica la autenticidad de los documentos y se practican nuevas pruebas.

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