Medias generan expectativa e incertidumbre

En medio de una crisis política y económica, el Gobierno nacional de declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional por 30 días.

La decisión, formalizada mediante el Decreto 1390 de 2025 y firmada por el presidente Gustavo Petro, se produce luego del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República, una iniciativa clave para sostener el Presupuesto General de la Nación.

El anuncio abrió un intenso debate jurídico y político, con voces a favor y en contra, mientras la Corte Constitucional y el Congreso se preparan para ejercer sus respectivos controles.

Justificación

Según el decreto, la emergencia se justifica en la “inasistencia de una fuente legalmente habilitada para financiar ingresos por $16.3 billones”, lo que, a juicio del Ejecutivo, constituye una amenaza “grave e inminente” para el orden económico y social del país.

El documento, de 20 páginas, señala que sin esos recursos el Estado enfrenta dificultades para garantizar derechos fundamentales y la continuidad de servicios esenciales, en particular en sectores como la salud y la seguridad.

Además, el Gobierno argumenta que la crisis fiscal no obedece a un solo hecho, sino a la acumulación de varios factores.

Entre ellos están las obligaciones derivadas del pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, el impacto de la ola invernal, sentencias judiciales pendientes por $1,5 billones, deudas contractuales atrasadas por $5,1 billones, compromisos con víctimas del conflicto por $1,6 billones, restricciones al endeudamiento público y el archivo de las dos últimas reformas tributarias que buscaban recaudos por $12 billones y $16,3 billones, respectivamente.

A esto se suman, según el Ejecutivo, alteraciones del orden público y nuevos riesgos para líderes sociales.

La emergencia

Durante los 30 días de vigencia de la emergencia, el Gobierno podrá expedir decretos con fuerza de ley para conjurar la crisis.

Entre las medidas que se han planteado públicamente figuran ajustes al impuesto al patrimonio, un mayor gravamen al sector financiero, modificaciones al IVA y a los impuestos al consumo, así como impuestos denominados “saludables” sobre alcohol, cigarrillos y otros productos.

Aunque en un primer momento se habló de la posibilidad de subir el 4×1.000 al 5×1.000, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, desmintió esa versión y aseguró que se trató de información falsa.

Sí confirmó, en cambio, que se evalúa un impuesto al patrimonio progresivo, con umbrales altos y tarifas escalonadas para grandes capitales.

De mantenerse activo el decreto hasta marzo, el Gobierno estima que podría recaudar alrededor de 1.1 billones de pesos adicionales, aunque el Ministerio de Hacienda sostiene que, con el conjunto de medidas en estudio, el recaudo podría superar los 4 billones de pesos.

Estos recursos, afirma el Ejecutivo, se destinarían a atender necesidades urgentes de inversión social y a cerrar el déficit generado tras la caída de la ley de financiamiento.

Revisión

El paso siguiente será el control automático de constitucionalidad. La Corte Constitucional anunció que revisará el decreto una vez finalice la vacancia judicial, el próximo 13 de enero de 2026.

Tras una reunión informal de los nueve magistrados de la Sala Plena, el alto tribunal explicó que el estudio debe ajustarse a los procedimientos y plazos previstos en la Constitución y en la ley, garantizando el debido proceso y el derecho de audiencia.

Como antecedente, la Corte recordó el caso del estado de emergencia declarado en diciembre de 2009, cuyo análisis comenzó una vez se retomaron las labores judiciales en enero del año siguiente.

La decisión de aplazar el estudio no ha despejado las dudas sobre la constitucionalidad de la medida.

Desde distintos sectores se cuestiona si el hundimiento de una reforma tributaria constituye, por sí solo, un hecho extraordinario que habilite un estado de excepción.

El artículo 215 de la Constitución señala que la emergencia solo procede ante perturbaciones graves e inminentes del orden económico y social, un punto que será central en el análisis del tribunal.

Urgencia

En paralelo, el Congreso también se mueve. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, solicitó la convocatoria urgente de una sesión plenaria del Senado para ejercer control político sobre el decreto, pese a que el Legislativo se encuentra en receso.

En una carta al presidente del Senado, Lidio García, Motoa recordó que el control político no se suspende durante las vacaciones y anunció que su bancada presentará demandas de inconstitucionalidad y solicitará la suspensión provisional del decreto.

García, quien ya había expresado reparos a la declaratoria, sostuvo que la negativa del Congreso a aprobar nuevos impuestos es una decisión soberana y no un hecho extraordinario.

“Nuestra decisión no es una calamidad pública”, señaló. Sin embargo, desde la Cámara de Representantes surgieron voces en respaldo al Ejecutivo.

Su presidente, Julián López, cercano al Gobierno, defendió la emergencia como una herramienta para proteger a la población más vulnerable y evitar la interrupción de servicios esenciales, especialmente en el sistema de salud.

Por otra parte, el candidato presidencial Sergio Fajardo calificó la medida como un episodio de “más improvisación, más caos y más corrupción”.

Claudia López afirmó que la única emergencia evidente es la corrupción del Gobierno y tachó el decreto de abuso de poder.

David Luna anunció que demandará la decisión, mientras que la senadora Angélica Lozano consideró que el presidente “pasó por la raya” y calificó la emergencia de inviable.

Así, el país entra en un nuevo capítulo de tensión institucional. Con el Ejecutivo gobernando por decretos excepcionales, el Congreso reclamando su rol de control y la Corte preparándose para el examen constitucional, la emergencia económica se convierte en algo más que una respuesta fiscal: es una prueba de los límites y equilibrios del poder en Colombia.

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