Minería ilegal afecta a 29 departamentos en Colombia: contaminación y desplazamientos forzados

La minería ilegal sigue siendo uno de los mayores retos socioambientales en Colombia.

Un reciente informe reveló que esta práctica afecta a 29 de los 32 departamentos del país, con graves consecuencias para los ecosistemas y las comunidades.

Las regiones más impactadas incluyen Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía.

La extracción ilícita de minerales, especialmente de oro, no solo degrada el medio ambiente sino que también genera desplazamientos forzados, violencia y explotación laboral.

Según el informe, la minería de oro de aluvión afecta más de 94.000 hectáreas del territorio nacional.

De esta cifra, el 73 % corresponde a prácticas ilegales, exacerbando la contaminación por mercurio y acelerando la deforestación.

El impacto no se limita al daño ambiental. Aproximadamente 350.000 personas están vinculadas a la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia, que constituye más del 90 % de la producción minera del país.

Sin embargo, muchos de estos trabajadores operan en condiciones precarias, expuestos a químicos peligrosos y sin acceso a medidas de seguridad.

Contaminación y riesgos para la salud

El uso de mercurio en la minería es uno de los aspectos más preocupantes del informe.

Colombia lidera la liberación per cápita de este metal al medio ambiente a nivel mundial.

Esto causó daños irreversibles en los ecosistemas y graves riesgos para la salud, especialmente en comunidades ribereñas, niños y mujeres embarazadas.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, se realizaron siete campañas de muestreo con apoyo de organismos internacionales, encontrando niveles de mercurio, plomo y arsénico por encima de los límites permitidos.

Los resultados evidencian el deterioro ambiental en varias regiones y la urgencia de tomar medidas.

El informe subraya que combatir la minería ilegal requiere un esfuerzo colectivo que involucre a todos los sectores
de la sociedad, desde las autoridades locales hasta las comunidades afectadas.

Si bien se lograron avances en regulación y control, queda mucho por hacer para mitigar el impacto de esta actividad y proteger los recursos naturales.

La minería ilegal no solo destruye el medio ambiente, sino que perpetúa un círculo de pobreza, violencia y desigualdad en el país.

Enfrentar este problema es un desafío que debe ser prioridad para garantizar un futuro sostenible y justo para las próximas generaciones.

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