Gobierno lanza bolsa de $28.000 millones para seguros agropecuarios

En un paso decisivo para fortalecer la resiliencia del agro colombiano frente a los riesgos climáticos y estructurales, el Gobierno Nacional anunció la aprobación de una bolsa de $28.000 millones para subsidiar hasta el 90% de las primas de seguros agropecuarios de pequeños productores.

La medida fue adoptada durante la sesión de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario del pasado 5 de agosto, presidida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se ejecutará a través de Finagro, en coordinación con otras entidades del sistema agropecuario.

El subsidio se enfocará especialmente en productores de bajos ingresos, con énfasis en las zonas vulnerables a fenómenos climáticos extremos.

Las advertencias del IDEAM sobre cambios sustanciales en las precipitaciones en varias regiones del país alertaron sobre el riesgo inminente para cultivos y economías rurales.

En respuesta, el Gobierno refuerza la estrategia de gestión de riesgos agropecuarios con medidas directas de protección financiera.

¿Por qué es clave este anuncio?

Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático en América Latina. Sequías prolongadas, lluvias intensas y fenómenos como El Niño y La Niña afectan la producción agrícola, especialmente de pequeños productores que no cuentan con redes de seguridad financiera.

Los seguros agropecuarios son una herramienta fundamental para mitigar estos riesgos, pero el alto costo de las primas ha sido históricamente una barrera de acceso.

Subsidiar hasta el 90% de ese costo, como lo contempla esta bolsa, representa un alivio significativo para campesinos y pequeños ganaderos, que podrán proteger sus cultivos sin comprometer su liquidez.

Con este incentivo, el Gobierno busca aumentar la penetración de los seguros agropecuarios en el campo, que actualmente cubren menos del 10% del área cultivada, según cifras del sector.

Este porcentaje es muy inferior al de países como México (30%) o Brasil (20%), y revela la urgencia de ampliar la cobertura frente a escenarios cada vez más volátiles.

Un programa especial para la agricultura campesina y étnica

El anuncio no se limita al subsidio. En la misma sesión, se aprobó un programa especial de financiamiento y riesgos para las organizaciones de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC), una figura clave en la economía rural pero históricamente marginada de los circuitos financieros tradicionales.

Esta nueva iniciativa busca reducir barreras de acceso al crédito, al ahorro, a garantías y a seguros, bajo esquemas adaptados a las particularidades de las comunidades rurales.

Además de facilitar condiciones diferenciadas, el programa apunta a fortalecer las capacidades financieras, empresariales y organizativas de las asociaciones campesinas y étnicas.

El diseño del programa fue producto de un trabajo articulado con el Ministerio de Hacienda, el DNP, Finagro, el Banco Agrario, Confecoop, la Banca de las Oportunidades, la Agencia de Desarrollo Rural y organizaciones como la Mesa Ampliada de la Agricultura Campesina.

Se trata de una acción concertada que marca un giro hacia una política rural más inclusiva y territorialmente diferenciada.

Una estrategia con múltiples efectos

Las medidas anunciadas impactan al menos cinco dimensiones estratégicas del desarrollo rural:

• Gestión del riesgo climático: mediante subsidios que permiten anticiparse a pérdidas y no solo reaccionar ante emergencias.
• Acceso al crédito y formalización: al facilitar seguros, se reduce el riesgo financiero para bancos y cooperativas, lo cual mejora el perfil crediticio de los productores.
• Distribución del ingreso y equidad rural: al beneficiar a poblaciones históricamente excluidas, como campesinos sin tierra, mujeres rurales y pueblos étnicos.
• Seguridad alimentaria: al proteger la producción local de alimentos básicos frente a variaciones del clima o del mercado.
• Productividad y capitalización del agro: al incentivar inversiones de largo plazo por parte de los pequeños productores.

Seguimiento, control y evaluación

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario anunció también el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto del crédito de fomento.

Se hará especial énfasis en medir:

• El efecto sobre la producción agrícola y pecuaria.
• La creación de empleo rural.
• La adopción tecnológica y la eficiencia productiva.
• El impacto sobre la seguridad alimentaria.
• La mejora en las condiciones sociales y económicas del campo.

Este sistema de control busca garantizar que los recursos públicos destinados al sector agropecuario se traduzcan en mejoras concretas y medibles. A futuro, la trazabilidad de estos impactos será clave para ajustar políticas y asignaciones presupuestales.

Una oportunidad para el sector asegurador

El anuncio también abre una ventana de oportunidad para el sector asegurador colombiano, que ha mostrado bajo dinamismo en productos agrícolas.

La participación de Finagro como canalizador de recursos puede incentivar a las aseguradoras a diseñar coberturas más amplias, flexibles y territoriales.

El desafío será desarrollar productos que respondan a las realidades del campo colombiano, donde conviven múltiples climas, niveles de tecnificación, formas de producción y niveles de riesgo.

Con esta bolsa de $28.000 millones y el nuevo programa para organizaciones ACFEC, el Gobierno apunta a una transformación estructural en la forma en que el Estado se relaciona con los pequeños productores rurales.

Más que medidas asistencialistas, estas apuestas representan instrumentos de inclusión productiva y financiera, fundamentales para construir una ruralidad resiliente, moderna y con justicia social.

Ahora el reto está en la ejecución, la articulación territorial y el acompañamiento técnico. Si se logra, este podría ser uno de los pasos más importantes de la última década en política agropecuaria colombiana.

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