Tutela busca frenar el aumento del salario mínimo del 23% decretado para 2026

En medio del debate económico y social que ha generado el incremento del salario mínimo del 23% para 2026, esta semana se conoció una nueva acción judicial que busca suspender de manera provisional el aumento decretado por el Gobierno Nacional.

La demanda argumenta que la decisión no fue plenamente concertada entre los actores del diálogo social y que podría tener efectos adversos sobre la economía, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Se trata de una acción de tutela presentada el pasado 8 de enero de 2026 en Bogotá por Alexander Donato Rondón, a través de su apoderado Alejandro Linares Cantillo.

En el recurso se solicita dejar sin efectos, de forma provisional, el Decreto 1469 de 2025, que fijó el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), y el Decreto 1470 de 2025, que estableció el auxilio de transporte.

El demandante sostiene que el Ejecutivo vulneró el derecho fundamental al debido proceso y el principio de concertación tripartita, al no lograr un acuerdo entre Gobierno, empresarios y trabajadores antes de expedir los decretos.

En la tutela se enfatiza que las normas ya están produciendo efectos desde el 1° de enero de 2026, lo que, a juicio del accionante, configura un “perjuicio inmediato e irremediable” que justificaría la intervención urgente de un juez constitucional.

Entre los principales argumentos de la acción judicial está el impacto del aumento salarial sobre los costos laborales.

Según el demandante, el alza abrupta del salario mínimo puede traducirse en despidos, reducción de actividades productivas y un incremento de la informalidad, afectando de manera particular a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los trabajadores informales que no cuentan con protección laboral.

El proceso judicial abre varios escenarios. El juez de tutela podría negar o conceder la suspensión temporal de los decretos mientras se estudia el fondo del asunto.

No obstante, la decisión definitiva sobre la nulidad del aumento salarial recae en el Consejo de Estado, que ya recibió demandas ordinarias en las que se cuestiona la motivación del Gobierno para fijar el incremento, señalando una posible “falsa motivación” en el acto administrativo.

El debate jurídico se da en un contexto macroeconómico complejo, marcado por la persistencia de la inflación por fuera del rango meta del Banco de la República.

Aunque el Gobierno ha defendido el aumento como una medida para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, sectores empresariales y analistas han advertido sobre los riesgos inflacionarios y de empleo que podría generar un ajuste de esta magnitud.

Petro responde

Desde el Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro ha salido en defensa del decreto. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario convocó a movilizaciones ciudadanas para respaldar el aumento del salario mínimo, así como otras decisiones adoptadas por el Gobierno en el marco de la emergencia económica y los nuevos impuestos asociados.

Petro ha explicado que el incremento salarial responde al concepto de “salario vital”, calculado con base en estadísticas oficiales del Dane.

Según su argumentación, el salario mínimo debe cubrir la canasta mínima necesaria para no caer en pobreza, dividida por el número promedio de trabajadores por hogar, lo que arrojaría un ingreso cercano a los dos millones de pesos mensuales.

El presidente cuestionó que, pese a estar consagrado en la Constitución, este enfoque no se haya aplicado en las últimas décadas.

El mandatario también afirmó que, de acuerdo con cifras del Dane, los costos al productor cayeron 2,6% durante 2025, lo que —en su interpretación— demostraría que el aumento del salario mínimo no ha encarecido los costos de producción.

Finalmente, anunció que presentará un proyecto de ley para que el salario vital mínimo y familiar se convierta en una política permanente, iniciativa que, según señaló, deberá ser discutida por el próximo Congreso o por una eventual Asamblea Nacional Constituyente.

Mientras avanzan las decisiones judiciales, el aumento del salario mínimo continúa vigente, en un escenario que combina debate económico, controversia jurídica y una creciente polarización política alrededor del rumbo de la política salarial en Colombia.

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