Lo que no nos han contado del incremento del salario mínimo

El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, decretado en un 23% por el Gobierno Nacional, ha abierto un debate de fondo sobre sus efectos reales en el mercado laboral, la inflación y la estructura productiva del país.

Aunque la medida fue presentada como un avance hacia un “salario mínimo vital”, un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advierte que el ajuste, al no estar anclado a la productividad ni a la inflación observada, podría generar efectos contraproducentes sobre el empleo formal, los precios y la participación laboral.

El salario mínimo quedó fijado en $1.750.905 mensuales, equivalentes a $2 millones incluyendo el auxilio de transporte.

La cifra fue definida por decreto ante la falta de acuerdo en la mesa de concertación, donde los empresarios propusieron un incremento del 7,2% y las centrales obreras del 16%.

El resultado final superó ampliamente ambas posturas y se sustentó en el concepto de “salario mínimo vital”, inspirado en una metodología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según Anif, esta decisión marca un quiebre frente a los criterios tradicionales de fijación del salario mínimo en Colombia, que históricamente han considerado la inflación y la productividad laboral.

En este caso, el Gobierno optó por una estimación orientada a cubrir una canasta de necesidades básicas, sin utilizar como referencia directa la línea de pobreza ni una metodología ampliamente socializada, lo que plantea interrogantes técnicos sobre su aplicación.

Un mercado laboral con alta informalidad

El informe subraya que el principal riesgo del incremento está en la estructura del mercado laboral colombiano, caracterizado por altos niveles de informalidad y una fuerte presencia de micro y pequeñas empresas intensivas en mano de obra.

En sectores como agricultura, actividades artísticas, alojamiento y servicios de comida, más del 60% de los ocupados ya percibe ingresos inferiores al salario mínimo legal.

En estas actividades, un aumento tan elevado del piso salarial puede incentivar una migración desde la formalidad hacia esquemas informales, en lugar de consolidar mejoras sostenidas en los ingresos.

Anif advierte que el salario mínimo, lejos de actuar como un mecanismo de protección, puede convertirse en una barrera de entrada al empleo formal para los trabajadores más vulnerables.

Evidencia internacional: menos desempleo, pero más compresión salarial

El análisis compara la experiencia colombiana con episodios recientes en México, Brasil y España, donde se implementaron incrementos sustanciales del salario mínimo en momentos avanzados de los ciclos políticos.

En estos países se observó una reducción del desempleo, pero acompañada de una compresión salarial hacia el mínimo y una menor participación laboral.

En México, por ejemplo, los aumentos promedio del salario mínimo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador concentraron a un mayor número de trabajadores en el nivel del salario mínimo, reduciendo la proporción de ocupados que devengan entre uno y tres salarios mínimos.

En Brasil y España se registraron dinámicas similares, con menor crecimiento del empleo asalariado y estancamiento de la oferta laboral.

ANIF advierte que Colombia podría replicar este patrón, con una mayor concentración de trabajadores alrededor del salario mínimo y una menor movilidad salarial, afectando los incentivos a la formalización y a la acumulación de capital humano.

Choque diferenciado por tamaño de empresa

El impacto del incremento no es homogéneo. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan el mayor choque de costos laborales, ya que cerca del 45% de sus trabajadores gana entre uno y 1,2 salarios mínimos.

En estas firmas, el aumento del 23% se traduce en un incremento casi inmediato de la masa salarial para una porción significativa de la nómina.

En contraste, las empresas de mayor tamaño tienen una estructura salarial menos dependiente del salario mínimo, lo que les permite absorber mejor el impacto.

Esta asimetría amplía la brecha entre grandes y pequeños empleadores y limita la capacidad de generación de empleo formal en los segmentos más intensivos en mano de obra.

Reducción de jornada y presión adicional

A este escenario se suma la reducción gradual de la jornada laboral, implementada desde 2023, que ha elevado el costo por hora trabajada.

ANIF identifica que, en sectores como educación y alojamiento, la jornada mediana no se ha reducido, pero sí ha aumentado la proporción de trabajadores que perciben ingresos por debajo del salario mínimo, lo que sugiere una mayor informalización como mecanismo de ajuste empresarial.

En el sector de la seguridad privada, por ejemplo, el gremio Fedeseguridad estima que la combinación del aumento del salario mínimo, los cambios en recargos y la reducción de la jornada implica un incremento agregado de hasta 31,7% en los costos laborales entre finales de 2025 y mediados de 2026, con riesgo de pérdida de cerca de 15.000 empleos.

Presiones inflacionarias persistentes

El informe también advierte sobre un impacto inflacionario relevante. El aumento del salario mínimo presiona especialmente los precios de los servicios intensivos en mano de obra, como restaurantes, transporte, vigilancia, salud privada y cuidado personal.

Aunque el traslado a precios no es automático ni proporcional, ANIF estima que estas presiones podrían llevar la inflación a cerrar 2026 en 5,8%, por encima del 4,3% previsto antes del decreto.

Este escenario compromete la senda de convergencia hacia la meta inflacionaria y podría prolongar un entorno monetario restrictivo, afectando el consumo y la inversión.

Un balance de riesgos

Anif, concluye que, aunque el objetivo de mejorar los ingresos de los trabajadores es legítimo, un incremento del salario mínimo de esta magnitud, sin respaldo en productividad ni inflación observada, puede terminar debilitando el empleo formal, acelerando la inflación y profundizando la informalidad.

Paradójicamente, los efectos negativos recaerían con mayor fuerza sobre los mismos trabajadores que se busca proteger.

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