Siete millones de colombianos viven en pobreza energética

En Colombia, tener una conexión eléctrica no garantiza disponer de energía suficiente y confiable para estudiar, trabajar, conservar alimentos o realizar las actividades cotidianas.

Esta realidad afecta a millones de hogares que, además de enfrentar dificultades económicas, deben convivir con interrupciones del servicio y limitaciones para acceder a tecnologías esenciales.

Según la cuarta edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), presentada por Promigas y Fundación Promigas, el 13,1 % de la población colombiana, equivalente a cerca de siete millones de personas, vive en pobreza energética.

Otros 6,9 millones se encuentran en riesgo de caer en esta condición.

El informe, desarrollado con Inclusión SAS como aliado técnico, muestra una reducción frente a la medición anterior, cuando la pobreza energética alcanzaba el 15,4 %.

La disminución de 2,3 puntos porcentuales significa que aproximadamente un millón de colombianos superó esta situación.

Valle del Cauca: buenos resultados, pero grandes diferencias

El Valle del Cauca registra una incidencia de pobreza energética del 1,9 %, considerablemente inferior al promedio nacional.

Sin embargo, el resultado departamental esconde diferencias importantes.

Mientras Cali presenta niveles inferiores al 10 %, municipios como El Águila registran incidencias entre el 20 % y el 30 %.

Un caso positivo es Obando, que entre 2023 y 2025 logró reducir su indicador desde un rango del 20 % al 30 % hasta situarse por debajo del 10 %.

A escala nacional, las menores incidencias se concentran en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, mientras las mayores dificultades se encuentran en el Caribe, la Orinoquía y la Amazonía.

El problema no es solamente tener energía

Uno de los principales hallazgos del estudio es que más de 11 millones de personas viven en municipios con baja calidad del servicio energético, lo que evidencia que ampliar la cobertura no es suficiente.

En la región Caribe, por ejemplo, el recibo promedio de electricidad ronda los $200.000, frente a valores de entre $60.000 y $80.000 en otras zonas del país.

Estas diferencias, sumadas a los cortes prolongados y las fallas del suministro, afectan directamente el presupuesto familiar y las oportunidades de desarrollo.

El IMPE evalúa 15 indicadores agrupados en cuatro dimensiones, que incluyen acceso y calidad de la energía, condiciones de la vivienda, conectividad y equipamiento para el bienestar.

El Niño y el terremoto aumentan los riesgos

Los efectos del terremoto de agosto y la amenaza del fenómeno de El Niño representan nuevos desafíos para la continuidad del suministro.

“El IMPE nos muestra que avanzar no es suficiente si esos logros no son sostenibles o se construyen sobre cimientos frágiles”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

El directivo señaló que los resultados deben servir para identificar los territorios más vulnerables y convertir la información en decisiones concretas.

De cara a 2030, el principal reto será proteger los avances alcanzados, mejorar la calidad del servicio y evitar que los hogares actualmente vulnerables terminen engrosando las cifras de pobreza energética.

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