Ambulancias: la guerra del centavo

Los recientes accidentes de tránsito que involucraron a tres ambulancias y a dos buses del Mío nos llaman, una vez más, a poner la lupa sobre la prestación del servicio de ambulancias en Cali.

No queda duda de que este ha perdido toda su humanidad y, más bien, se ha enfocado en una idea de negocio en la que solo importan los números.

Basta con revisar las alarmantes cifras de accidentalidad y casos de intolerancia, en los que los protagonistas son estos automotores o quienes los conducen y prestan el servicio paramédico.

Aparece un indudable indicador de que esto no es más que una competencia, una guerra del centavo en la que las empresas y sus empleados, buscando rentabilidad, ponen en peligro la vida de los ciudadanos y exponen las suyas.

Es increíble dar con casos en los que las ambulancias han sido encontradas prestando el servicio de transporte de manera ilegal; transportando enseres cual vehículo de acarreos; infringiendo las normas de tránsito dentro y fuera de servicio; compitiendo por atender los accidentes de los piques ilegales en el kilómetro 18; participando en dudosos hechos en los que la gravedad del paciente empeora porque quienes lo atienden atentan en contra de su salud; y, muy seguramente, un sinnúmero de situaciones que sorprenderían por inconcebibles.

Estamos frente a una vil mercantilización de la vida, que además arriesga a los caleños que podrían llegar a ser víctimas de la feroz competencia, y de las consolidadas mafias que prácticamente deciden a dedo a quién, cómo y dónde se atiende. Situación por demás paradójica, ya que podría permitir la aseveración de que el sistema de ambulancias mata a las personas, antes de ayudarlas.

Una crítica, que vista en perspectiva, contribuye a la imagen de la que hoy goza nuestro sistema de salud.

Esta situación pide a gritos una intervención estructural inmediata, centrada en la eficacia, la calidad y la cobertura del servicio.

Aquí se deben tomar decisiones de fondo, que además de estar encaminadas a preservar y proteger la vida, se orienten a desmontar las mafias y las deficientes prácticas que se han normalizado por más de una década.

Ya han sido muchas las medidas adoptadas que han resultado ser solo pañitos de agua tibia, porque no ha sido posible regular las ambulancias, y al parecer el brazo de la institucionalidad no ha sido lo suficientemente fuerte para ejercer el debido control.

Es hora de aunar esfuerzos para que el sistema cambie, valorando la posibilidad de estructurarlo desde cero, o de hacer que el Distrito, como entidad territorial, se apersone de la prestación del servicio, evitando así las corruptelas, la mala administración y el riesgo que la situación supone.

No podemos seguir permitiendo que el mal entendimiento de la libre competencia se traduzca en el desmonte moral de nuestra sociedad. El interés económico es motor de desarrollo, pero no puede poner en riesgo la vida de nadie, y mucho menos debe afectar la prestación de un servicio esencial para la vida.

*Presidente del Concejo Distrital de Santiago de Cali.

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