Cali necesita un plan de reconstrucción

Cali acaba de vivir uno de esos momentos que nos recuerdan, en cuestión de segundos, lo frágil que puede ser todo.

Detrás de cada pared agrietada, de cada techo que cayó y de cada vivienda que hoy debe ser evacuada hay una familia que construyó durante años, y muchas veces durante toda una vida, su patrimonio.

Para algunos caleños, el terremoto duró apenas unos segundos; sus consecuencias, en cambio, pueden durar años.

Hay familias que hoy no saben cuándo podrán regresar a sus casas, otras saben que tendrán que reconstruirlas y algunas, sencillamente, lo perdieron todo.

Ahora Cali tiene que rodearlas y evitar que enfrenten solas lo que viene.

La emergencia provocada por el terremoto no termina cuando se recogen los escombros, se habilitan las vías o las familias abandonan los albergues.

Para miles de caleños, el verdadero problema comienza ahora. ¿Cómo reparar una vivienda averiada? ¿Qué hacer cuando la casa debe demolerse? ¿Dónde vivir mientras se reconstruye? Y, sobre todo, ¿quién va a pagar la reconstrucción?

Cali necesita pasar de la atención de la emergencia a una política pública de recuperación.

La declaratoria de calamidad pública abre herramientas extraordinarias previstas en la Ley 1523 de 2012 y permite articular recursos distritales y nacionales para la rehabilitación y reconstrucción.

La discusión, entonces, no puede limitarse a entregar ayudas inmediatas. Hay que construir desde ya un verdadero Plan de Reconstrucción para Cali.

El primer paso debe ser clasificar las viviendas afectadas.

No todas necesitan la misma solución. Una vivienda con daños reparables requiere una intervención distinta a la de una que debe demolerse, y ninguna de esas situaciones puede tratarse igual que la de una casa ubicada en una zona donde técnicamente no sea seguro volver a construir.

Para las viviendas recuperables, la Alcaldía debería crear un subsidio extraordinario de reparación y mejoramiento, acompañado de asistencia técnica.

No basta con entregar materiales. Después de un terremoto, las intervenciones deben garantizar que las viviendas recuperen condiciones adecuadas de seguridad y cumplan con las exigencias técnicas correspondientes.

Para las viviendas destruidas cuyo terreno siga siendo seguro, debe existir un subsidio para reconstrucción en sitio propio.

Muchas familias tienen allí su lote, su barrio, sus vecinos, los colegios de sus hijos y su actividad económica.

Obligarlas a trasladarse cuando técnicamente pueden reconstruir sería innecesario y, probablemente, más costoso.

El tercer instrumento debe atender los casos en los que reconstruir no sea posible.

Allí, Cali y la Nación deberían concurrir mediante subsidios para la adquisición de vivienda nueva o usada.

El objetivo debe ser sencillo. Ninguna familia que perdió definitivamente su vivienda como consecuencia del terremoto debería quedar condenada a esperar durante años una solución.

Pero reconstruir toma tiempo. Por eso también propongo crear inmediatamente un subsidio temporal de arrendamiento para los hogares cuyas viviendas hayan sido declaradas inhabitables.

Es una alternativa más digna y eficiente que prolongar indefinidamente la permanencia de las familias en albergues.

La reconstrucción también exige alivios tributarios. Resultaría absurdo que una persona que perdió su casa tenga que seguir pagando como si nada hubiera ocurrido.

La Alcaldía debería presentar al Concejo un paquete tributario extraordinario para estudiar una exoneración temporal del impuesto predial para los inmuebles gravemente afectados, así como beneficios en el impuesto de delineación urbana y demás cargas distritales asociadas a la reconstrucción.

Cali ya ha utilizado recientemente mecanismos de alivio tributario para inmuebles afectados por situaciones extraordinarias. Hay antecedentes y herramientas jurídicas para hacerlo.

El mismo criterio debería aplicarse a los comerciantes. Muchos pequeños negocios no solamente sufrieron daños físicos, sino que también perderán ventas mientras sus establecimientos permanezcan cerrados.

Una reducción o exoneración temporal del ICA para los negocios damnificados, debidamente censados y acreditados, puede ayudar a evitar que el terremoto termine convirtiéndose también en una crisis de empleo.

Sin embargo, los subsidios probablemente no serán suficientes.

Cali debería estructurar una línea especial de crédito para la reconstrucción, con tasas subsidiadas, períodos de gracia y plazos amplios, articulando recursos del Distrito con los instrumentos financieros que permita el régimen de gestión del riesgo y buscando la participación de la Nación y del sistema financiero.

Para una familia vulnerable, la respuesta principal debe ser el subsidio.

Para quienes tienen alguna capacidad de pago, el crédito blando puede complementar la ayuda pública y multiplicar los recursos disponibles.

Todo esto necesita financiación.

La Ley 1523 permite utilizar los instrumentos territoriales de gestión del riesgo para financiar actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

Por eso propongo constituir, dentro de la arquitectura financiera existente, una subcuenta específica y completamente trazable para la reconstrucción de Cali, que concentre los recursos distritales destinados a este propósito y facilite la concurrencia de recursos de la Nación, el departamento, la cooperación y otras fuentes legalmente disponibles.

También vale la pena abrir una discusión más difícil. ¿Debe Cali crear una fuente extraordinaria y temporal de financiación para su reconstrucción?

Podría estudiarse jurídicamente una sobretasa temporal, con destinación exclusiva a los damnificados y a la reconstrucción. Pero esta alternativa no puede improvisarse.

La creación de tributos territoriales está sometida a reserva legal y a las competencias constitucionales del Congreso y de los concejos.

Antes de anunciar una sobretasa habría que determinar si existe habilitación legal suficiente, cuál podría ser su hecho generador, quiénes deberían contribuir y qué impacto económico tendría.

Y existe un principio que considero indispensable. Quienes perdieron su vivienda no pueden terminar financiando el impuesto creado para ayudarlos.

Si se estudia un mecanismo extraordinario de solidaridad, debe recaer sobre quienes tengan mayor capacidad económica y contemplar exclusiones expresas para los damnificados.

La Nación tampoco puede mirar esta tragedia como un problema exclusivamente municipal.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo existe precisamente para que, ante una calamidad de esta magnitud, haya concurrencia entre los distintos niveles del Estado.

Cali debe cuantificar técnicamente los daños y presentar un Plan de Acción Específico de recuperación suficientemente robusto para exigir recursos nacionales.

Necesitamos un censo único de damnificados, evaluaciones técnicas de las viviendas y una plataforma pública que permita saber cuántos hogares fueron afectados, qué nivel de daño tienen, qué ayuda recibieron, cuánto dinero se ha ejecutado y cómo avanza su solución. Cada peso destinado a la reconstrucción debe poder seguirse.

La emergencia fue inevitable. Que las familias afectadas tengan que enfrentar solas sus consecuencias, no.

Cali ahora tiene una tarea. Reconstruir viviendas, reconstruir barrios y reconstruir la tranquilidad de miles de familias.

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