Cali sin contralor: ¿miedo o cálculo político?

En Cali no estamos frente a un simple trámite aplazado. Lo que ocurre con la elección del Contralor Distrital es una señal alarmante de deterioro institucional que no puede maquillarse como prudencia jurídica ni como cautela administrativa.

El presupuesto distrital no pertenece al alcalde. No es del Concejo. No es de los partidos políticos. Es de los caleños.

Son recursos públicos destinados a obras, inversión social, infraestructura, funcionamiento institucional y desarrollo de ciudad.

Precisamente por eso existe la figura del Contralor: para vigilar, auditar y ejercer control fiscal sobre cada peso que se ejecuta. El control fiscal no es una formalidad. Es una garantía democrática.

Cuando la vigilancia del gasto público se debilita, la ciudad queda expuesta al despilfarro, a la improvisación y, en el peor de los escenarios, a la corrupción.

El proceso para elegir contralor avanzó conforme a la normatividad: convocatoria pública, verificación de requisitos, conformación de terna. Todo dentro del marco legal. Solo faltaba la votación final del Concejo.

Y, de repente, el proceso se detuvo. Aparecieron conceptos jurídicos, advertencias disciplinarias, interpretaciones que sugerían suspender la elección.

Se habló de posibles investigaciones si se continuaba. Sin embargo, la Procuraduría fue clara: no existía orden alguna que obligara a frenar el proceso ni a desintegrar la terna. Aun así, la elección no se reactivó.

Hoy Cali permanece en un limbo institucional. El órgano encargado de vigilar el uso del dinero público no ha sido elegido por decisión del Concejo, pese a que el procedimiento estaba estructurado y no existe impedimento legal vigente que obligue a paralizarlo.

Ante este escenario, ya cursa una denuncia penal para que las autoridades determinen si la inacción podría constituir una irregularidad en el ejercicio de funciones públicas.

Porque cuando una corporación decide no culminar un proceso reglado por ley, el asunto deja de ser político y entra en el terreno jurídico. La institucionalidad no funciona a partir de interpretaciones convenientes ni de cálculos coyunturales.

Funciona a partir del cumplimiento de la ley. La pregunta es inevitable: ¿qué razón pesa más que la obligación de elegir contralor? ¿Es temor a consecuencias disciplinarias o cálculo político frente a un cargo que tiene la facultad de vigilar el gasto público?Cada día sin contralor debilita la vigilancia del presupuesto.

Cada semana de silencio erosiona la confianza ciudadana. Y cada explicación evasiva fortalece una percepción preocupante: que algunos concejales actúan como si fueran intocables.

Pero en una democracia nadie lo es. El mandato popular no concede inmunidad frente al cumplimiento de la ley. No autoriza suspender indefinidamente procesos reglados.

No permite desconocer el derecho colectivo de la ciudad a contar con control fiscal pleno y legítimo. Es cierto que dentro del Concejo existen voces que han pedido culminar la elección sin más dilaciones.

Pero la realidad es que la decisión sigue sin tomarse. Y mientras tanto, Cali continúa sin contralor elegido. La experiencia nacional demuestra que cuando los organismos de control se debilitan, los riesgos de corrupción aumentan. No se trata de defender un nombre propio ni de impulsar una candidatura específica.

Se trata de algo más profundo: el respeto por las reglas, la credibilidad institucional y la confianza ciudadana. Cuando los procesos se paralizan sin explicación convincente, lo que se deteriora no es solo una elección. Se erosiona la legitimidad del sistema. Cali merece respuestas claras. Merece decisiones oportunas.

Merece que el control del dinero público no dependa de temores políticos ni de cálculos estratégicos, sino del cumplimiento estricto de la ley.

Porque cuando el control fiscal se paraliza, la democracia empieza a debilitarse. Y esa es una pregunta que el Concejo aún le debe responder a la ciudad.

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