Cuando las armas se convierten en defensa propia

El levantamiento de la suspensión general del porte de armas de fuego en Colombia ha abierto un debate que considero necesario abordar con serenidad, responsabilidad y, sobre todo, con claridad.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el territorio nacional.

Pero debemos entender exactamente qué significa esta decisión.

No se trata de una autorización para que cualquier ciudadano pueda salir armado.

No existe un porte indiscriminado de armas.

Lo que se restablece es la vigencia de los permisos individuales que cumplan con las condiciones establecidas por la ley y que no estén suspendidos, cancelados, revocados, vencidos o sujetos a una prohibición legal o judicial.

Por eso considero importante no alimentar interpretaciones equivocadas, quienes creen que ahora pueden hacer y deshacer con las armas y exhibirlas para generar los odios absurdos y divisiones sobre quienes tienen que perder y quienes quieren lo que otros tienen.

Un arma de fuego no es un objeto cualquiera.

Su tenencia y su porte implican una enorme responsabilidad y están sometidos a controles del Departamento de control comercio de armas y explosivos entidad adscrita al Comando general de las Fuerzas Militares.

El Decreto Ley 2535 de 1993 establece expresamente que los particulares solo pueden poseer o portar armas con permiso expedido por la autoridad competente.

Además, diferencia claramente entre tenencia y porte: la tenencia permite mantener el arma en el inmueble autorizado, mientras que el porte permite llevarla consigo con el respectivo permiso.

Para obtener un permiso existen requisitos que deben ser acreditados ante la autoridad competente.

Entre ellos están la documentación correspondiente, los antecedentes y el certificado de aptitud sicofísica para el uso de armas.

Para el porte, además, debe acreditarse la necesidad de portar un arma para la defensa e integridad personal, de acuerdo con las circunstancias previstas en la legislación.

Por eso quiero insistir en algo que considero fundamental:

El levantamiento de la suspensión no significa que Colombia haya decidido armar a sus ciudadanos.

Tampoco considero que la solución a la inseguridad sea que cada persona tenga un arma en su casa o salga armada a la calle.

Como militar durante tantos años de mi vida aprendí que un arma siempre debe ser el último recurso y que su utilización exige responsabilidad, disciplina y conocimiento de la ley.

La defensa propia no puede convertirse en una excusa para responder violentamente ante cualquier conflicto.

La legítima defensa por ende tiene límites y condiciones jurídicas.

Sentirse amenazado no significa que cualquier reacción armada esté automáticamente justificada.

Cada situación debe analizarse de acuerdo con las circunstancias y dentro del marco de la ley.

Pero, aun así, y basados en el decreto ley 2535 de 1993, el porte de armas en Colombia ha existido desde siempre, fue en el 2015 que en el gobierno del Dr Santos impuso un permiso especial con criterios de control.

Pero ese porte tiene unos requisitos, y considero que el derecho de todo ciudadano de tener un arma para su protección es legal y constitucional, es necesario dadas las actuales circunstancias del país, y es una reacción que estábamos esperando los ciudadanos de un gobierno que había indicado que esa prohibición de porte estaba causando una serie de impedimentos y costos incluso ilegales que se generaban al interior de los cuarteles y las oficinas encargadas de los permisos especiales.

Por eso creo que el ciudadano que cumple todos los requisitos y obtiene legalmente un permiso debe poder ejercerlo.

Pero también debe comprender perfectamente la responsabilidad que adquiere.

Portar un arma no convierte a nadie en autoridad y mucho menos le resta al Estado la obligación de protección de los ciudadanos en su vida, honra y bienes.

Aquí existe otro asunto que me parece mucho más preocupante: mientras discutimos sobre las armas legales, los delincuentes continúan utilizando armas ilegales para cometer homicidios, extorsiones, hurtos y otros delitos.

Según cifras divulgadas por el Gobierno Nacional, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.

Ese es el verdadero desafío.

El Estado debe quitarles las armas a los criminales y no centrarse en quien legalmente las porta, al mismo tiempo, garantizar que los ciudadanos que cumplen la ley sean tratados dentro del marco de sus derechos y obligaciones.

No podemos caer en ninguno de los dos extremos: ni pensar que todo ciudadano armado representa una amenaza, ni creer que tener un arma es la solución personal frente a la inseguridad, de hecho, tener un arma en casa es un reto para quienes tienen menores de edad y a quienes no le dan la dimensión de poder a un arma y se pierde el respeto por un artefacto que causa perdida de vidas en accidentes, aunque para ello no haya estadísticas.

La seguridad de una nación no se construye únicamente con armas.

Se construye con instituciones fuertes, una Fuerza Pública respaldada, una justicia eficaz, autoridades presentes y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.

Y uno de los deberes ciudadanos es la denuncia y al unísono la alerta ciudadana.

Aquí también esta nuestro desafío, hacer que todos tengamos ojos para informar.

Por eso mi posición es: no debemos convertir el miedo en una carrera por armarnos.

Si una persona cumple los requisitos establecidos por la ley y cuenta con un permiso vigente para portar un arma, el Decreto 1368 permite que ese permiso recupere su eficacia, dentro de las condiciones legales.

Permiso que, si lo va a agradecer el taxista que roban de forma permanente, el tendero que es abordado para desocupar su caja, y los comensales en restaurantes y cafeterías que en segundos son abordados para robarlos, todos ellos ejemplos vivos de lo puede cambiar a partir de hoy, el delincuente ya debe saber que su vida está en riesgo cuando alguien armado vea amenazada su vida, bienes o integridad.

Debemos recuperar algo que quizá hemos perdido: la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para protegernos.

Como ciudadano y como oficial veterano, creo firmemente que debemos defender, antes que cualquier otra cosa, el derecho a la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestras familias.

Porque una sociedad verdaderamente segura no es aquella en la que todos están armados.

Es aquella en la que nadie tiene que vivir con miedo.

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