¿De verdad correr, caminar y hacer deporte sale tan caro?

Los números no mienten, pero a veces duelen. Mientras el presupuesto para programas deportivos se incrementa, el número de beneficiarios se reduce casi a la mitad.

La pregunta que titula esta columna no es retórica, es un racionamiento para tratar de entender qué está pasando con nuestros recursos públicos, dirigidos a los programas deportivos que se financian con presupuesto de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Empecemos por lo más llamativo: el programa Carreras y Caminatas experimentó un aumento del 470 % en el costo por beneficiario entre 2024 y 2025.

Pasar de $997.472 el costo por persona en 2024 a $5.683.097 por persona en 2025 que participa en una carrera o caminata no es solo un incremento, es una transformación radical de la naturaleza del programa.

¿Qué justifica que correr o caminar cueste casi seis millones de pesos por participante?

La ponderación está en los números: mientras el presupuesto se triplicó, los beneficiarios apenas aumentaron un 3 %.

Y la justificación del secretario de Deporte, Alexander Camacho, es que este año se realizó la Maratón de Cali, un evento al que si bien le invirtieron $1500 millones, no se puede dar por entendido como un programa directo de la Secretaría porque fue un evento donde la mayoría de los participantes (más de 11.000 corredores) pagaron por participar.

Entonces, si el mismo secretario dice que este programa tienen 1557 beneficiarios, no existe tal relación con la Maratón de Cali que como dije anteriormente, tuvo más de 11.000 participantes.

Lo que vemos en Carreras y Caminatas no es un caso aislado. Todos los programas deportivos analizados muestran la misma tendencia: costos por beneficiario que se disparan entre un año y el otro, mientras la cobertura se reduce.

Cali Élite pasó de $1.276.141 en 2024 a $7.198.290 en 2025 por beneficiario (un aumento del 464 %).

Poblaciones y Etnias subió 368 % en el costo por beneficiario y Activamente creció 264% en el valor por persona.

Esta tendencia revela posibles sobrecostos, que en términos de política pública, significa que, por más que se aumente el presupuesto, cada vez menos caleños tienen o tendrán acceso a programas deportivos financiados con recursos de todos. Eso no tiene presentación.

La paradoja se hace más evidente cuando miramos los totales: en 2024 se beneficiaron 53.694 personas con un presupuesto ejecutado de $31.140 millones.

En 2025 (solo enero-junio), se beneficiaron 27.499 personas con $44.315 millones ejecutados.

Si proyectamos el primer semestre a todo el año, estaríamos hablando de aproximadamente 55.000 beneficiarios con un presupuesto de $88.630 millones, es decir, casi la misma población beneficiaria del año anterior, pero con un costo de más de dos veces de lo que se invirtió en 2024.

Esto significa que el costo promedio por beneficiario pasaría de $580.000 en 2024 a aproximadamente $1.611.000 en 2025.

Un incremento del 178 % que no se justifica con inflación, mejoras sustanciales en la calidad o expansión significativa de beneficiarios.

El deporte público debe cumplir una función social: promover la salud, la integración comunitaria y el bienestar colectivo.

Cuando el costo por beneficiario se incrementa de manera exponencial, sin justificación clara, estamos pervirtiendo esta función social.

Además, para que el panorama sea peor, los programas deportivos municipales tenían como meta beneficiar a 72.000 personas según el Plan de Desarrollo ‘Cali, Capital Pacífica de Colombia’.

Con los 3158 beneficiarios de Carreras y Caminatas’, en dos años, apenas se alcanza el 4.5 % de la meta. Esta brecha entre proyecciones y realidad es inaceptable en términos de gestión pública.

Por eso es urgente que la Administración Distrital explique estas cifras y reoriente la estrategia deportiva hacia:

1. Transparencia total: desglosar los costos para entender adónde van esos millones adicionales por beneficiario.
2. Retorno a la masividad: priorizar programas que lleguen a más personas, especialmente en sectores vulnerables.
3. Evaluación de impacto: medir no solo cuántos participan, sino cómo estos programas transforman vidas y comunidades.

Los recursos públicos deben servir al interés colectivo. Cali merece una política deportiva eficiente, transparente y verdaderamente incluyente.

Los números actuales nos dicen que vamos en la dirección equivocada.

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