El debate equivocado

Colombia amaneció, una vez más, discutiendo lo urgente equivocadamente. Que si el presidente se posesiona en Bogotá o en otra ciudad.

Que si el lugar tiene un mensaje político, una lectura regional, un simbolismo.

Columnas enteras, trinos, paneles de opinión, minutos de televisión dedicados a una decisión de protocolo.

Mientras tanto, a pocas cuadras de cualquier set de televisión donde se debate ese tema, hay un joven en urgencias por una isquemia, y hay una adolescente que esta madrugada pensó, otra vez, que no valía la pena seguir viviendo. De eso no se habla con la misma urgencia. Y ese es el verdadero problema.

Mientras el país se entretiene con la geografía del poder, el consumo de tusi entre jóvenes creció de forma que ya no admite eufemismos.

En Bogotá, los casos registrados por la Secretaría de Salud pasaron de 972 en 2023 a 1.568 en 2025, un aumento del 98% en solo dos años.

De esos 1.568 casos, 680 corresponden a jóvenes entre 18 y 28 años, y 624 a menores entre 12 y 17 años.

Léase bien, más de la mitad de quienes hoy consumen esta droga son adolescentes que todavía deberían estar preocupados por un examen de matemáticas, no por conseguir la próxima dosis.

La sustancia, además, ya no es lo que era. Lo que se vende hoy como “tusi” es un cóctel que puede incluir ketamina, MDMA, cocaína, cafeína, benzodiacepinas y, en algunos casos, xilazina un sedante veterinario asociado en Estados Unidos a heridas necróticas y amputaciones.

Médicos colombianos ya reportan un aumento en las consultas de urgencias por afectaciones vasculares en las extremidades de jóvenes consumidores.

No es una advertencia teórica, son manos y piernas que se están perdiendo, literalmente, mientras el país opina sobre logística presidencial.

El tusi pasó de ser una droga de nicho a una droga de consumo masivo. Las incautaciones confirman una tendencia ascendente, asimismo, que no es un fenómeno marginal ni una moda pasajera.

Por otro lado, la oferta creció al mismo ritmo que la demanda, y ambas crecieron mucho más rápido que la capacidad del Estado o de los medios para nombrar el problema con la urgencia que merece.

Si el consumo de sustancias fuera la única cifra alarmante, ya sería suficiente.

Pero no lo es. La Encuesta Nacional de Salud Mental 2025, la primera en cubrir los 32 departamentos del país en una década, reveló que la depresión y la ansiedad en adolescentes se triplicaron y cuadruplicaron frente a los registros de 2015.

El 4,8% de los adolescentes colombianos reportó ideas suicidas en los últimos treinta días, una cifra que sube a 6,4% entre las mujeres jóvenes. Y entre 2024 y 2025, según Medicina Legal, 1.628 jóvenes de entre 18 y 28 años se quitaron la vida en este país.

Son datos, no anécdotas. Son un patrón nacional, estructural, sostenido en el tiempo, que las propias autoridades describen como una emergencia de salud pública.

No es que el país sea indiferente. Es que el ruido político es más fácil de producir y de consumir que la crisis real.

Opinar sobre simbolismos territoriales no exige entender epidemiología, ni sistemas de salud, ni la desesperanza que empuja a un adolescente a las drogas o al silencio.

Exige, apenas, una opinión rápida y una frase ingeniosa para las redes. La salud mental y el consumo de drogas sintéticas, en cambio, exigen quedarse, escuchar, invertir, y sobre todo, admitir que como sociedad estamos fallando en algo que no se resuelve con un comunicado de prensa.

Los jóvenes no están “perdidos” porque lo hayan decidido. Están perdidos porque los dejamos solos con el problema mientras discutíamos otra cosa.

Nadie construye una política pública seria contra el tusi con la misma velocidad con la que se organiza un trending topic sobre una posesión presidencial. Nadie destina la misma cantidad de paneles de expertos a explicar por qué la ideación suicida se cuadruplicó en una década.

La próxima vez que el país entero se detenga a discutir en qué ciudad ocurre un evento político, vale la pena preguntarnos por qué los jóvenes están marchando, porque muchos están marchando hacia una urgencia médica, hacia una consulta psiquiátrica que no llega a tiempo, o hacia un silencio del que ya no vuelven.

Fuentes: Secretaría de Salud de Bogotá / Subsistema VESPA; Concejo de Bogotá; Ministerio de Justicia (incautaciones 2C-B); Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 (Ministerio de Salud); Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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