El error energético que deja a Colombia en manos de Maduro

Si alguien necesitaba la prueba definitiva de que este gobierno perdió la brújula, la decisión de depender del régimen de Nicolás Maduro para garantizar el suministro de gas lo confirma con absoluta claridad.

Esto es una entrega abierta de la soberanía energética y una señal inequívoca de que las afinidades ideológicas están por encima de la responsabilidad de Estado.

El gobierno ha decidido amarrar el futuro energético de Colombia a PDVSA, (Petróleos de Venezuela S.A.), la empresa estatal encargada del petróleo y el gas en ese país.

Para cualquiera que no esté familiarizado, esta empresa fue en su momento una de las petroleras más importantes del mundo, pero hoy es una estructura colapsada, una compañía quebrada, con infraestructura destruida, producción en caída libre, redes deterioradas, fuga masiva de talento técnico y múltiples escándalos de corrupción.

Su deterioro es tan severo que Venezuela ni siquiera puede garantizar su propio abastecimiento interno.

Construir la estabilidad energética de Colombia sobre una empresa en ese estado equivale a cimentar el país sobre una plataforma sin capacidad real de respuesta.

Venezuela sigue bajo sanciones internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos, y cualquier acuerdo energético con un régimen sancionado coloca a Colombia en una posición vulnerable, expuesta a restricciones comerciales, bloqueos financieros y tensiones diplomáticas que pueden golpear directamente nuestra economía.

Esto afecta la confianza de inversionistas, deteriora el perfil de riesgo del país y envía una señal de incertidumbre que ningún mercado recibe con tranquilidad.

El mensaje interno que deja esta decisión es igualmente grave. En lugar de fortalecer la autosuficiencia energética, impulsar la producción nacional, incentivar la exploración responsable y respaldar la capacidad técnica instalada en Colombia, el gobierno renuncia a su estructura interna para trasladar la responsabilidad a un proveedor externo sin garantías.

Esto refleja una ausencia de estrategia, una falta de visión y una peligrosa dependencia construida por afinidad política, no por criterio técnico.

Lo más preocupante es que esta dependencia energética llega justo cuando Colombia enfrenta un déficit fiscal histórico, que para 2025 ya ronda el 7,1 % del PIB, con un desbalance acumulado de más de 69 billones de pesos solo en el primer semestre.

Es decir, estamos endeudándonos como nunca antes para financiar un Estado que gasta más de lo que produce, mientras renunciamos a una fuente de ingresos estratégicos como la exploración y explotación de gas propia.

Esa decisión ideológica nos obliga a importar lo que antes generábamos internamente, con costos hasta tres y cuatro veces mayores, que inevitablemente se trasladarán a los hogares.

En pocas palabras, este gobierno entrega la soberanía energética y, además, condena a los colombianos a pagar tarifas más caras para sostener un modelo que destruyó la autosuficiencia que durante décadas construimos.

El impacto sobre Ecopetrol será inevitable. Una empresa sólida, que había demostrado crecimiento, competitividad y resultados durante décadas, queda relegada mientras se le entrega el protagonismo a un proveedor inestable.

Esta decisión reduce la autonomía empresarial, disminuye su campo de acción y proyecta a los mercados un mensaje de improvisación y vulnerabilidad. El país entero termina pagando el costo de una política energética débil y politizada.

Las consecuencias ya están proyectadas: expertos advierten que, si el país profundiza la importación de gas, especialmente desde Venezuela, las tarifas para los usuarios podrían subir hasta un 90 % en ciertos escenarios.

Venezuela no solo ofrece un gas mucho más costoso sino que además lo hace desde una infraestructura deteriorada, una empresa quebrada y un régimen sancionado internacionalmente.

Esta combinación explosiva convierte la decisión del gobierno en un acto de imprudencia económica: se renuncia a fortalecer Ecopetrol, se apaga la exploración nacional y se entrega la seguridad energética del país a un proveedor inestable.

Cada metro cúbico importado es más caro, más riesgoso y más vulnerable, y serán los ciudadanos quienes, en sus facturas, tendrán que asumir el costo de este experimento político.

Lo ocurrido no responde a análisis técnico, ni a proyecciones serias de demanda, ni a evaluaciones rigurosas de riesgo. Es un movimiento ideológico, una señal de cercanía con un régimen debilitado y aislado internacionalmente.

Convertir a Colombia en dependiente de Maduro no es integración regional, es subordinación política.

Y esa subordinación compromete la seguridad energética, la estabilidad económica y la credibilidad internacional del país.

La energía es un asunto estratégico. Define la capacidad industrial, la estabilidad social y el rumbo económico. Ceder ese terreno por afinidad ideológica es un error histórico.

La soberanía energética no se regala, no se improvisa y no se negocia con regímenes cuestionados y sin capacidad técnica.

Colombia necesita decisiones basadas en evidencia, responsabilidad y visión de Estado. Lo que hizo este gobierno fue todo lo contrario: perdió la brújula, perdió el criterio y dejó claro que la ideología está por encima de la estabilidad del país.

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