El reinado de la extorsión

Desde cuando este país cambió de ser una república constitucional democrática para ser una nación estructurada políticamente como contractual, donde todo se hace, consigue o impide por medio de contratos, se despertó el monstruo de la extorsión.

Hoy, sin exagerar, la extorsión reina en toda Colombia. Extorsionar no es solamente amenazar con la muerte o el incendio a quien no pague la exigencia del que la hace.

Extorsionar es también ponerle tarifa al policía callejero o al secretario de juzgado para conseguir pingües objetivos. Extorsionar es exigir recompensa por cumplir con el deber como funcionario público o privado.

Extorsionar es obligar a los contratistas de obras, grandes o pequeñas, a pagar una determinada suma para que ellas sean adjudicadas.

Extorsionar es negociar por estampar una firma en el despacho de un inspector de policía, de un alcalde, de un gobernador o de un ministro.

Extorsionar es ponerle precio a los fallos judiciales de cualquier nivel. Todo y mucho más a lo que bellacamente nos hemos acostumbrado, es lo que mueve a este país de los contratos.

Quizás ello haya sido posible porque la revolución de los traquetos les abrió las fauces a la ambición, nos trastocó los valores y nos puso precio a todo.

Combatirla es tan difícil como arraigado está en el ADN de los políticos y empresarios calcular el porcentaje a pagar por debajo de la mesa para conseguir el objetivo.

No hemos querido admitir que la revolución generada por el tsunami de los traquetos narcotraficantes nos cambió la vida. Seguimos con leyes punitivas para cuando la extorsión no existía.

Seguimos con leyes electorales cuando los partidos políticos eran el fundamento de la democracia, así ahora los candidatos sean fruto no de la voluntad popular sino de lo que se pague por el voto.

Ya no hay partidos, hay cooperativas de contratistas y todas se extorsionan mutuamente.

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