El Valle recibió más, pero sigue rezagado

El Congreso acaba de aprobar el Presupuesto General de la Nación para 2027.

Una decisión que determina buena parte de las prioridades de inversión del país y que merece una revisión detallada para establecer cuánto le corresponderá al Valle del Cauca, en qué se invertirán los recursos y qué tanto avanzamos frente al rezago presupuestal de nuestra región.

La asignación inicial era de $4,2 billones, equivalentes al 4,8 % de la inversión nacional.

Durante el trámite en el Congreso, y en medio de las gestiones adelantadas por los congresistas de la región, la cifra aumentó a $4,64 billones.

Una mejora de $441.000 millones que, sin embargo, debe analizarse en su verdadero contexto: el presupuesto nacional de inversión también creció, pasando de $86,96 a $94,63 billones, es decir, se amplió en $7,67 billones la bolsa total de recursos disponibles.

Mientras la inversión nacional creció 8,8 %, la asignación para el Valle aumentó 10,5 %.

Por eso, aunque es justo reconocer la mejora, nuestra participación en la inversión nacional apenas pasó del 4,8 % al 4,9 %.

¿Es suficiente? La perspectiva histórica ayuda a responder.

Entre 2015 y 2018, el Valle recibió en promedio el 5,5 % de la inversión nacional; entre 2019 y 2022, el 5,3 %; y durante el gobierno de Gustavo Petro, entre 2023 y 2026, apenas el 4,8 %, la menor participación de estos tres periodos, a pesar del amplio respaldo electoral que recibió en el departamento.

Para 2027, primer presupuesto del gobierno de Abelardo de la Espriella, la participación aumenta al 4,9 %.

Es una recuperación frente al gobierno anterior, pero todavía se mantiene por debajo de los niveles alcanzados en gobiernos anteriores.

La diferencia es especialmente relevante para un departamento que aporta cerca del 10 % del PIB colombiano y contribuye con aproximadamente el 15 % de los recursos nacionales, considerando recaudo tributario, ingresos aduaneros y contraprestaciones portuarias y aeroportuarias.

Por Buenaventura se moviliza alrededor del 40 % del comercio exterior no mineroenergético del país, mientras la región enfrenta grandes rezagos en materia de inversión.

Aunque la inversión pública debe responder también a criterios de equidad territorial, estas cifras evidencian la importancia de revisar si la asignación es consistente con nuestras necesidades de desarrollo.

Un indicador confirma la magnitud de la brecha: la inversión por habitante para el Valle equivale aproximadamente a $983.000, frente a un promedio nacional cercano a $1,8 millones, lo que nos ubica como el tercer departamento con menor asignación por habitante, después de Atlántico y Cundinamarca.

Recibiremos poco más de la mitad del promedio por colombiano.

Tan importante como el monto es saber en qué se gasta. De los $441.000 millones adicionales, $189.000 millones corresponden al sector de Minas y Energía, principalmente para subsidiar tarifas de gas y electricidad.

Otros $100.000 millones a cobertura de créditos de vivienda, mientras Inclusión Social y Deporte recibieron incrementos de $70.000 millones y $39.000 millones, respectivamente.

Esos cuatro sectores concentran el 90 % del aumento.

Son recursos que contribuyen al bienestar de los hogares, pero su naturaleza es distinta de la inversión en obras que amplían la capacidad productiva y mejoran la competitividad regional.

Los proyectos estratégicos, en cambio, prácticamente no se movieron. Mulaló–Loboguerrero mantiene $342.818 millones; Buga–Buenaventura, $270.032 millones; el corredor férreo del Pacífico, $266.517 millones; y el acueducto y alcantarillado de Buenaventura, $132.641 millones.

Incluso se redujeron en $23.000 millones los recursos para Cali–Loboguerrero y en $10.000 millones los destinados al acceso al Puerto de Aguadulce.

Tampoco hay partida clara para la profundización del canal de Buenaventura ni para el Tren de Cercanías Cali–Jamundí.

El balance es claro: mejoramos la asignación inicial, pero no recuperamos nuestra participación histórica. El aumento se concentró en subsidios y programas sociales, no en las grandes apuestas de infraestructura que el Valle necesita para crecer y competir.

El desafío ahora será garantizar que las partidas aprobadas se ejecuten oportunamente, que los proyectos estratégicos superen los obstáculos que han retrasado su desarrollo y que la región cuente con una agenda compartida para defender sus prioridades ante el Gobierno nacional.

Y hay un asunto extraordinario que deberá abordarse por una vía de financiación diferente: la reconstrucción después del terremoto.

El Valle fue el departamento más afectado, con pérdidas estimadas en $19,5 billones, cerca de dos terceras partes de las pérdidas calculadas para las regiones golpeadas por la emergencia.

El Fondo Milagro y los demás instrumentos de financiación hacen necesario que ahora se precise cuánto dinero estará disponible para el Valle, qué proyectos se priorizarán y en qué plazos se ejecutarán.

Porque lo que el Valle necesita no son cifras aprobadas.

Son inversiones efectivas, recuperación económica y mejores oportunidades para sus habitantes. Lo que el Valle merece.

@edwinhmaldonado

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