¿Independencia o desobediencia?

Cada 20 de julio los colombianos celebramos el nacimiento de nuestra República y el inicio del camino hacia la independencia.

No conmemoramos únicamente la ruptura con la Corona española; celebramos una decisión mucho más profunda: sustituir el poder absoluto por el imperio de la Constitución y la ley.

Desde entonces, ningún gobernante está por encima de las instituciones y ningún ciudadano debe obediencia personal al presidente de turno. Nuestra verdadera lealtad es con la Constitución.

Por eso resulta profundamente paradójico e inquietante que, precisamente en vísperas de esta fecha, el debate nacional esté marcado por llamados a la “desobediencia civil”.

Gustavo Petro convocó movilizaciones para este 20 de julio, día en que pronunciará su último discurso ante el Congreso, y ya anunció que tampoco asistirá a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto.

La oposición y la protesta pacífica son derechos constitucionales. La desobediencia civil es otra cosa, y confundir ambos conceptos no solo es un error jurídico: puede tener profundas consecuencias políticas y de orden público.

La desobediencia civil no nació para desconocer gobiernos elegidos democráticamente ni para convertir cualquier desacuerdo político en licencia para incumplir las reglas comunes.

Surgió como recurso excepcional frente a situaciones excepcionales: Thoreau la formuló en 1849 contra la esclavitud y la guerra con México; Gandhi la utilizó contra el dominio colonial británico; Martin Luther King, frente a un sistema legal que negaba derechos fundamentales a la población afroamericana; incluso Nelson Mandela la promovió al inicio en la lucha contra el apartheid.

En todos esos casos las vías institucionales estaban cerradas o eran insuficientes para garantizar derechos fundamentales: la desobediencia civil era el último recurso frente a un poder que negaba libertades básicas.

Colombia está lejos de esa realidad. Aquí existen elecciones libres, alternancia en el poder, separación de poderes, jueces independientes y libertad de prensa.

Nuestra Constitución garantiza un amplio Estatuto de la Oposición, y cualquier ciudadano puede acudir a los jueces o al Consejo de Estado si considera que hubo irregularidades electorales.

Cuando existen todos esos mecanismos, es difícil sostener que la respuesta frente a un gobierno elegido en las urnas sea convocar, incluso antes de su posesión, a la desobediencia civil.

Todo indica que esto hace parte de una estrategia para instalar la idea de que el resultado electoral carece de legitimidad y así debilitar la gobernabilidad del presidente entrante, apoyada en una campaña de desinformación que busca trasladar la disputa institucional a las calles.

Es una estrategia similar a la que se activó desde el gobierno de Duque, escaló en 2019 y llegó a su máxima expresión en el estallido social de 2021.

Hoy pareciera querer repetirse, recargada, para desgastar al nuevo gobierno y recuperar el poder en cuatro años.

La oposición tiene todo el derecho de criticar, marchar, protestar y ejercer control político. Esa es la esencia de una democracia.

Pero una cosa muy distinta es promover la idea de que las decisiones de un gobierno legítimamente elegido pueden dejar de obedecerse por razones políticas.

En una democracia constitucional no obedecemos al presidente; obedecemos la Constitución y la ley.

Allí aparecen las implicaciones más delicadas para el orden público. Toda convocatoria a la desobediencia civil plantea una pregunta inevitable: ¿quién decide qué normas deben cumplirse y cuáles pueden desconocerse? ¿Qué ocurre si algunos consideran legítimo desconocer decisiones de las autoridades, bloquear vías o impedir el funcionamiento de las instituciones bajo el argumento de ejercer resistencia?

La historia demuestra que la erosión de las democracias rara vez comienza con episodios de violencia abierta.

Empieza cuando una parte de la sociedad deja de reconocer la legitimidad de las instituciones y considera que la presión permanente sobre ellas es el único camino para alcanzar objetivos políticos.

En ese escenario, la frontera entre la protesta pacífica, los bloqueos, el vandalismo y la confrontación social puede volverse peligrosamente delgada.

No porque toda movilización desemboque en violencia, sino porque la deslegitimación de las reglas comunes crea un ambiente propicio para que sectores radicales o grupos criminales aprovechen esa situación.

Por eso quienes ejercen liderazgo político tienen una enorme responsabilidad sobre el alcance de sus palabras.

Las diferencias políticas deben tramitarse con firmeza, pero siempre dentro del Estado de derecho.

Las instituciones pueden y deben ser controvertidas; lo que no puede normalizarse es la idea de que pierden legitimidad simplemente porque un sector político discrepa de sus decisiones.

Este 20 de julio vale la pena recordar qué fue lo que realmente conquistamos hace más de dos siglos. No fue el derecho a desconocer las reglas de la República.

Fue el derecho a construir una Nación donde el poder estuviera sometido a la ley y no al capricho de los gobernantes.

La mejor manera de honrar nuestra independencia no consiste en desconocer las instituciones democráticas, sino en fortalecerlas.

Es defendiendo la Constitución y recordando que, en Colombia, la verdadera autoridad no reside en un presidente ni en un partido político, sino en la Constitución, que es el pacto que nos une como Nación.

@edwinhmaldonado

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