Justicia sin frenos ni contrapesos

Los retos que enfrenta Colombia para fortalecer su institucionalidad y así mismo su democracia son enormes, he sostenido que la respuesta a este desafío debe ser prioridad para todos los actores del sistema colombiano. Dentro de este debate hay un tema que parece estar vetado ante la opinión pública pero que cada día se hace más evidente y es la injerencia de algunos poderes en las funciones de otros.

Para sacar esta discusión del plano abstracto, debemos decir que es imperativo revisar los límites de la Corte Constitucional que por años ha venido interfiriendo y en ocasiones usurpando las funciones del poder legislativo (Congreso de la República), convirtiéndose de alguna forma en una especie de supra poder, qué sin contar con la representación de la sociedad colombiana ha mutado su función de definir la constitucionalidad de las leyes a la de hacer leyes.

El problema no es el activismo judicial, pensado desde los teóricos jurídicos y constitucionalistas como una manera de corregir injusticias propias del sistema y de sentar precedentes que permitan guardar seguridad jurídica a futuro. El problema es la excesiva politización de las Cortes, la falta de tecnicismo a la hora de evaluar el efecto económico de sus fallos, y la limitada responsabilidad que tienen frente a los costos asociados al cumplimiento de las sentencias. Una justicia poderosa no es solo aquella que falla y ordena, sino la que con juicio y sin velo político logra aplicar las normas, desarrollar derechos, y garantizar el orden legal y constitucional sin contravenir los principios de eficiencia y responsabilidad fiscal, sin trasgredir las funciones propias de las otras ramas del poder público, y generando frenos y contrapesos que no pasen a desequilibrar la balanza al punto que sea la rama judicial casi que una quimera.

Soy consciente que el Congreso debe trabajar para ser un ente con el que la sociedad se sienta más representada, y que se debe abrir el espacio a los debates sobre reformas que permitan mayor cercanía con las comunidades. Sin embargo esto no puede ser una excusa para sacar la discusión democrática de su casa, donde se da la participación de más de 15 partidos políticos con diferentes visiones del panorama nacional, y donde los proyectos antes de convertirse en leyes deben pasar por un mínimo de 4 debates, donde generalmente se incluyen foros o audiencias con la ciudadanía, para reemplazarlo con fallos ejercidos por 9 magistrados que no cuentan con representación popular.

Colombia no puede seguir caminando en una dirección donde la voz de los ciudadanos no se escucha y se sobrepone la interpretación de la constitución de unos magistrados que dejan de ser jueces para convertirse en congresistas, o mejor en políticos que orientan las decisiones de un país de más de 50 millones.

El País debe abrir la discusión, y examinar si efectivamente debe continuar la justicia sin frenos ni contrapesos. Los choques de trenes constante entre las altas cortes y la extralimitación de sus poderes a través de sus fallos así lo requieren.

Comments