¿La reputación importa?

Agradezco a los directivos del Diario Occidente por permitirme regresar a sus páginas impresas y digitales con este “asomadero” de opinión, que tuve la oportunidad de iniciar en los veinticinco años de vida del periódico bajo la dirección de Don Álvaro H. Caicedo.

Tuve ocasión días atrás de brindar una conferencia en un congreso dedicado a servidores públicos de la alcaldía de Cartagena, sobre confianza institucional y reputación pública. Comparto algunas reflexiones.

La respuesta a la pregunta de si es importante o no la reputación pública para personas, empresas o gobiernos, parece obvia pero muchos líderes la desconocen, en particular algunos gobernantes.

Muy temprano, al iniciar mi camino profesional por la comunicación estratégica, aprendí que la frase popular “que hablen bien o mal pero que hablen” no aplica en el sentido más estricto de la percepción de quienes nos rodean en cualquier campo o actividad, en particular en el ámbito personal.

La confianza y la reputación van ligadas de manera directa e indivisible. No existe una sola relación que prospere desde la desconfianza. No es posible contar con clientes o usuarios satisfechos cuando la promesa de valor se incumple.

Ni en el afecto, sea el amor o la amistad, es posible construir confianza si se traiciona. Uno decidirá si perdona o no pero ya esa relación no será la misma. Siempre existirá la duda de que te fallen de nuevo.

Así mismo, en lo público, el desempeño de las funciones asumidas por encargo o elección popular deberá darse en el marco de la ética y la transparencia.

Tristemente, esa no es la percepción más extendida en la ciudadanía. Escándalos, investigaciones, acusaciones, señalamientos y en algunos pocos casos, sanciones, ratifican que la corrupción es sin duda el principal flagelo del ejercicio político y público.

El prestigio, esa percepción en los demás que se construye con el paso del tiempo y el obrar éticamente, que también llamamos reputación, se destruye muy fácilmente, y parece importarle poco a quienes deciden incumplir su promesa de valor sea en el ámbito de los negocios o en la administración pública.

Lo que debían considerar quienes así obran es que la sanción moral existe, al margen de las legales, y que usuarios o clientes corporativos pueden dejar de comprar bienes o servicios, así como los ciudadanos pueden manifestarse en las urnas contra los gobernantes corruptos cuando decidan volver a aspirar a cargos públicos por elección popular.

¿Cómo lograrlo y ejercer esa opción? Haciendo una compra consciente que premie la calidad y en el segundo escenario, elegir con un voto informado.

Comments