Malas prácticas

Rosa María Agudelo

Hoy, Colombia se encuentra nuevamente ante la elección de las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes, un proceso marcado por prácticas cuestionables del gobierno.

En un movimiento para asegurar el poder, el gobierno ha impulsado la candidatura de Jaime Salamanca, del Partido Verde, incumpliendo acuerdos previamente establecidos con su bancada, que daban el turno a Katherine Miranda.

Este patrón de incumplimiento no es nuevo; el año pasado ocurrió algo similar con la presidencia del Senado, que correspondía a Angélica Lozano.

Ambos casos tienen en común el distanciamiento de las congresistas del gobierno, cuestionando sus propuestas, lo que demuestra que el ejecutivo no tolera críticas y busca apoyos incondicionales.

Además, se repiten las negociaciones de “apoyos” a las regiones de los congresistas que respaldan a los candidatos del gobierno.

En medio del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgos, el gobierno vuelve a aplicar la misma estrategia. El gobernador de Boyacá ha estado haciendo campaña a favor de Salamanca, mientras que el gobierno ha anunciado abiertamente mayor apoyo a ese departamento.

En una reunión del ministro del Interior con los gobernadores, se insinuó que el respaldo del gobierno sería mayor para las regiones que apoyen a sus candidatos.

Estas prácticas son burdas y dan pie a la corrupción, irrespetando la separación de poderes. Es lamentable que no solo los políticos recurran a estas maniobras, sino que los colombianos las acepten y normalicen.

La democracia se debilita cuando se permite que el poder se mantenga a cualquier costo, sin importar los acuerdos y las reglas establecidas.

El juego político se convierte en una mera transacción de favores, dejando de lado el bienestar común y el respeto por las instituciones. El clientelismo y la corrupción van de la mano