Paloma Valencia y su visión en salud

El país hoy exige propuestas claras e ideas concretas sobre lo que se hará en los próximos cuatro años, especialmente frente al evidente desorden institucional que atraviesa Colombia.

Uno de los sectores más golpeados es el sistema de salud, donde Paloma Valencia ha sido una de las principales voces críticas frente a la política del Gobierno actual.

Vale la pena entonces preguntarse: ¿qué ha hecho Paloma Valencia en sus más de 12 años en el Congreso en materia de salud? ¿Y cuál es su propuesta para recuperar un sistema que hoy muestra señales de deterioro, donde lo que antes era difícil ahora se ha vuelto incierto, como conseguir medicamentos o incluso acceder a una cita médica?

La visión de Valencia se resume en una fórmula clara: más acceso, más calidad y más medicamentos; menos filas y menos deudas.

Su enfoque parte de una premisa fundamental: el sistema debe corregirse y fortalecerse, no destruirse, pues hacerlo implicaría poner en riesgo la vida de millones de colombianos.

En términos concretos, propone pagar las deudas acumuladas del sistema —que superan los $25 billones de pesos según estimaciones recientes—, aumentar la capacidad instalada, garantizar el suministro oportuno de medicamentos y fortalecer el modelo mixto de salud, que combina lo público y lo privado, permitiendo cobertura en todo el territorio nacional.

El derecho a la salud, bajo esta visión, debe ser efectivo y llegar a todos los rincones del país, no solo en el papel.

A diferencia de otros actores políticos, Valencia no solo ha planteado críticas, sino que también ha ejercido control político activo.

Desde las comisiones y plenarias del Congreso, fue una de las principales opositoras a la reforma a la salud impulsada por el Gobierno Nacional, señalando riesgos en la eliminación del aseguramiento y la concentración de funciones en el Estado. Su postura contribuyó al archivo de dicha reforma en el Legislativo.

Pero su propuesta no se limita a la oposición. Su principal iniciativa es un proyecto de ley estatutaria en salud, cuyo objetivo es preservar los avances del sistema actual —como la cobertura cercana al 98% de la población— y corregir sus fallas estructurales sin desmantelarlo.

Las acciones concretas que plantea configuran un modelo coherente: mantener un sistema mixto donde convivan actores públicos y privados bajo regulación estatal en la gestión del riesgo financiero y en salud; implementar el giro directo condicionado, aplicable únicamente a las EPS que incumplan indicadores financieros, preservando la autonomía de las que operan correctamente; y fortalecer las redes integrales de servicios para garantizar una mejor articulación en la atención a los pacientes.

A ello se suma el establecimiento de un piso salarial para el talento humano en salud —financiado parcialmente con la UPC, que en promedio supera el millón de pesos anuales por afiliado según régimen y condiciones—, y la introducción de una UPC diferencial ajustada al perfil de riesgo de cada paciente, con el fin de evitar la exclusión o discriminación por edad o enfermedad.

En síntesis, se trata de una propuesta que busca ajustar lo que no funciona, sin desmontar lo que sí ha permitido avances importantes en cobertura y atención.

Paloma Valencia representa una postura basada en hechos, con determinación frente a la corrupción y un enfoque firme en la política social.

Y esto no es un detalle menor en el contexto actual: cuando desde ciertos sectores se apostó por transformaciones radicales que terminaron generando más incertidumbre que soluciones, la diferencia entre un sistema que se reforma con cuidado y uno que se desmonta con ideología puede medirse en vidas.

Colombia ya pagó el costo de las ideas que suenan bien en los discursos pero fallan en la realidad.

Lo que el país necesita hoy no es otro experimento, sino alguien que entienda cómo funciona el sistema de salud, que haya estado en las trincheras defendiéndolo y que tenga claridad sobre cómo mejorarlo sin destruirlo.

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