Política energética

El país requiere de una política energética seria que precise la realidad de las cifras en materia de reservas de hidrocarburos con que se cuenta actualmente para asumir los retos que demanda el futuro.

Independientemente de las diferencias entre quienes piensan en una transición a tecnologías limpias desde ya y los que creen que debe mantenerse la exploración a gran escala, debemos encaminarnos hacia una ruta cierta en esta materia, porque sin energía no puede mantenerse el aparato productivo nacional en el que participan distintas cadenas de comercialización, producción y de servicios que satisfacen los bienes que consumimos para garantizar la supervivencia, y por sobretodo, planificar el futuro de las nuevas generaciones.

La Ministra de Minas y Energía y su equipo de trabajo no pueden seguir divagando frente a la información con que justifican sus posturas, a veces apresuradas e irresponsables, que siguen generando zozobra en los mercados nacionales e internacionales y afectan tanto la planificación industrial, comercial y agrícola como también la política monetaria nacional.

Lo digo puesto que, con las contradictorias intervenciones de la doctora Irene Vele z y su viceministra en foros y asambleas gremiales se generan mayores dudas sobre si definitivamente Colombia le apuesta a dar continuidad a la política de exploración de gas y de petróleo o si, por el contrario, se van a frenar estas iniciativas.

Tales decisiones, transcendentales por demás, para garantizar la productividad y la competitividad, deben tener certidumbre para preparar al tejido empresarial frente a la nueva realidad: transición a energías limpias.

Los expertos dicen que hoy existe una gran incertidumbre en esta materia porque los registros de las reservas son disímiles.

Según la alta funcionaria, los recursos contingentes pueden satisfacer la demanda hasta 2037. Pero, en opinión de los analistas especializados, si no se continúa explorando, habrá que importar en el menor tiempo posible con las consecuencias económicas que un escenario de tal naturaleza implicaría para todos los colombianos.

¿Cuál es, entonces, el estado fidedigno de las reservas de gas y de petróleo?. Es la pregunta que tiene que resolver de manera contundente la señora ministra, más allá de si se mantiene o no en su cargo a una viceministra por presuntamente entregar unos datos incompletos o desactualizados.

De acuerdo con el último informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentado el año pasado, la nación tiene reservas probadas de más de 2.039 millones de barriles, los que representan una autosuficiencia petrolera de 7.6 años.

La gran conclusión parece ser que sin exploración continua no podríamos mantener la autosuficiencia energética requerida para dinamizar la sostenibilidad económica y financiera del sector privado y el soporte fiscal suficiente y necesario para el “tesoro nacional” que representan los ingresos de la exportación de hidrocarburos como el petróleo y el carbón.

El Gobierno Nacional no puede seguir improvisando. Debe asumir una posición clara en relación con los contratos de exploración y explotación y decirlo abiertamente en consideración a que lo que está en juego es la sostenibilidad ambiental, económica y fiscal del país. De estas determinaciones dependerá el futuro de todos.

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