Por la vía difícil

Durante más de un año, Cali no tuvo contralor en propiedad. Vale la pena detenerse ahí antes que en cualquier otra cosa, porque en medio del ruido casi nadie lo dijo en esos términos.

Una ciudad que administra un presupuesto de 7,7 billones de pesos estuvo más de un año sin que la oficina encargada de vigilar ese dinero tuviera un titular elegido en propiedad. No es un detalle de trámite.

Es el tipo de vacío que nadie siente el primer mes y que todos pagan después.

Esa etapa terminó. Jesús Mauricio Castañeda González es el nuevo Contralor Distrital de Santiago de Cali para el periodo 2026–2029, elegido por el Concejo que tengo el honor de presidir, al cabo de una convocatoria pública de méritos administrada por una universidad, con lista de elegibles y bajo los términos que fijó el Consejo de Estado el 29 de abril de este año.

Escribo esa frase con cuidado, porque cada palabra de ella costó.

Costó porque había dos caminos. Uno era rápido: dejar el proceso como venía, votar y salir del problema.

El otro era lento, incómodo y garantizaba enemigos: reconocer que el procedimiento tenía presuntos vicios que las propias entidades de control habían advertido, devolverlo al punto donde se torció y volver a empezar con una convocatoria pública, abierta, con reglas escritas antes y no después.

Escogimos el segundo. No por vanidad moral. Porque el primero era ilegal, y en un cargo como este eso basta como razón.

Durante ese camino recibí dieciocho acciones judiciales y dos acciones de cumplimiento en mi contra. Ninguna prosperó.

La Fiscalía me citó a una audiencia de imputación y el 3 de agosto del año en curso la retiró.

Y aquí quiero decir algo que probablemente no es lo que se espera de mí.

Esas acciones judiciales no son la prueba de que me persiguieron. Son la prueba de que el sistema funciona.

Cualquier ciudadano que consideró que una decisión mía vulneraba sus derechos pudo acudir a un juez, y obtener una respuesta.

Eso, que en Colombia damos por sentado, es una de las cosas más extraordinarias que tenemos.

No puedo celebrar la institucionalidad los lunes y quejarme los martes de que alguien la usó contra mí. El que demanda no me está atacando: me está sometiendo a control. Que es, exactamente, de lo que se trata todo esto.

Lo que sí quiero nombrar es otra cosa, porque no es lo mismo y llevamos años confundiéndolas.

El expediente fue jurídico. El ruido no lo fue.

A una mujer joven en un cargo de decisión no le discuten solamente las decisiones: le discuten el derecho a estar sentada ahí.

Y eso no llega en forma de recurso. Llega en el comentario sobre la edad, en el tono paternal de quien te explica lo que acabas de sustentar, en el mensaje anónimo de las tres de la mañana, y sobre todo en una insinuación repetida con paciencia de goteo: que en realidad alguien más estaba decidiendo por mí.

No voy a decir que no me dolió, porque sería mentira y porque he pasado los últimos meses pidiéndole a esta ciudad que deje de fingir que está bien.

Hubo semanas duras. Hubo días en que mirar el teléfono era una decisión.

Sostener una posición jurídica mientras se cuestiona públicamente tu capacidad de tenerla desgasta de una manera que no aparece en ninguna acta.

Tampoco voy a decir que todo terminó. Hay una investigación que sigue su curso en Bogotá, y lo digo yo antes de que lo diga alguien más, porque la transparencia no consiste en contar solamente la parte cómoda.

Tengo la tranquilidad de haber obrado en derecho y la certeza de que eso se demuestra dónde debe demostrarse: en un despacho, con pruebas, no en una columna.

Lo que sí sé es que quedo distinta. Más tranquila, curiosamente.

Cuando uno descubre que puede sostener una decisión correcta durante meses, en medio del ruido, sin que se le mueva el piso, aprende algo sobre sí mismo que no se aprende de ninguna otra forma.

Hace dos meses lanzamos desde el Concejo una campaña que se llama Cali Vuelve a Sentir.

Nació como una conversación sobre ansiedad, sobre duelo, sobre el cansancio que esta ciudad carga y no nombra. Hoy le agregaría algo que en julio no había entendido del todo.

Una ciudad también se enferma de desconfianza.

Cuando la gente deja de creer que las cosas se deciden por sus méritos, algo se apaga —y no es solo el civismo.

Es la energía de participar, de reclamar, de esperar algo de lo público. La confianza institucional no es un asunto de abogados: es un asunto emocional.

Es lo que le permite a un caleño creer que vale la pena hacer una fila, radicar una queja, votar.

Cali ya tiene contralor. No lo tiene por la vía rápida. Lo tiene por la vía difícil, ojalá que su primer informe le incomode a alguien. Para eso lo elegimos.

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