Se hunde reforma anti laboral

Edwin Maldonado

Esta semana se hundió la Reforma Laboral del gobierno nacional en la comisión séptima del Senado, reforma que, entre sus muchos defectos, no garantizaba una mejora en el principal objetivo que debería tener, promover e incentivar la generación de empleo formal y digno.
Al contrario, muchas medidas desincentivan la productividad e iban a agudizar el principal económico que tiene el país, la informalidad. Problema que no es exclusivo de Colombia, la economía informal representa el 31% del PIB mundial y el 29% en América Latina, según el Banco Mundial. En Colombia, este porcentaje asciende al 35%, reflejando su peso en la estructura productiva del país. Diversos estudios han demostrado que la informalidad impacta negativamente la productividad. Un análisis de McKinsey & Company reveló que un trabajador informal colombiano es apenas un 6% tan productivo como un trabajador formal en EE. UU., y que un trabajador promedio en Colombia alcanza apenas el 20% de la productividad de un estadounidense.
Aunque es una alternativa de subsistencia, la informalidad es una trampa que frena el crecimiento. Impacta la recaudación tributaria, aumenta la desigualdad y deja a millones de trabajadores sin protección social. Se manifiesta en tres dimensiones: informalidad del producto, laboral y empresarial.
Para vender un bien o servicio en Colombia, no basta con formalizar una empresa; también es necesario cumplir con licencias, reglamentos técnicos y permisos. Aunque estas normas protegen al consumidor, la capacidad de inspección del Estado es limitada, lo que abre espacios de informalidad cercanos a la ilegalidad. El contrabando y la mala disposición de residuos son ejemplos de ello. Reducir costos de formalización con tarifas diferenciadas según el tamaño empresarial y la región podría facilitar la transición a la legalidad sin comprometer los estándares de calidad.
En el ámbito laboral, la informalidad significa la falta de afiliación a seguridad social, dejando a millones sin protección ante enfermedades, desempleo, accidente o la vejez. La pandemia del COVID-19 evidenció esta fragilidad, cuando los trabajadores informales, sin redes de apoyo, se vieron obligados a seguir laborando en condiciones adversas, no pudieron acceder a beneficios de la formalidad como las vacaciones, cesantías, bonos de desempleo o créditos. En Colombia, el 56% de los 22.9 millones de trabajadores están en informalidad, y 2.5 millones de personas no tiene un empleo o ingreso, es decir que solo en realidad el 34% de la población económica activa realmente tiene un empleo formal. Para mitigar el problema, es clave evitar el aumento de costos laborales e inflexibilidades como lo pretendía la reforma laboral sin crear incentivos a la formalidad, afectando al 66% de los trabajadores, que no serían beneficiado por esta reforma, también se debe fortalecer el uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en el marco de una transición entre los regímenes de salud subsidiado y contributivo.
A nivel empresarial, la informalidad va más allá del registro en la Cámara de Comercio. Cumplir con normativas sobre uso del suelo, acceso a recursos y regulaciones ambientales puede representar un obstáculo para muchas empresas. Los altos costos burocráticos desincentivan la formalización, aunque muchas de estas regulaciones cumplen un papel clave en la protección de consumidores y trabajadores. No se trata de eliminar obligaciones, sino de hacerlas más accesibles. Reducir trámites administrativos, disminuir la carga tributaria y fortalecer la Ventanilla Única Empresarial (VUE) son pasos fundamentales para avanzar en este proceso.
Un problema frecuente es la existencia de empresas semiinformales, aquellas que cumplen parcialmente con la regulación, pero mantienen relaciones informales por conveniencia o necesidad. La evasión del salario mínimo por parte del 55% de la población ocupada evidencia no solo incumplimiento normativo, sino también la incapacidad de muchos empleadores para asumir las cargas laborales. Además, la informalidad y la formalidad están entrelazadas: muchas empresas formales dependen de proveedores o distribuidores informales. Por ello, es clave fomentar el diálogo entre el sector privado y las autoridades para diseñar estrategias de formalización más efectivas.
Es importante entender que la formalización no debe ser un fin en sí mismo, sino el resultado de un crecimiento empresarial sostenible. Investigaciones como las de Maloney (2014) y Bruhn (2013) señalan que las empresas no se formalizan por obligación, sino cuando necesitan acceder a mercados más amplios o financiamiento. Además, no todas las empresas informales tienen potencial de formalización. Según Benhassine et al. (2018), las políticas deben enfocarse en los negocios con mayor capacidad de crecimiento, en lugar de intentar formalizar todas las unidades económicas por igual.
Un punto clave en esta discusión es la disponibilidad de información. El Censo Económico de este año debe contribuir a mejorar la política de formalización y fortalecer el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Actualmente, la carga tributaria y el sostenimiento del sistema de protección social recaen sobre un número reducido de contribuyentes formales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar proyectos de infraestructura, salud y educación, perpetuando la desigualdad.
Desde un enfoque territorial, se debe reducir la heterogeneidad normativa entre regiones y Gobierno central. La informalidad no es homogénea en todo el país, por lo que las políticas deben adaptarse a cada contexto. Un sistema interoperable que unifique información de salud, trabajo y comercio permitiría una mejor gestión y control más efectivos de la informalidad. Además, implementar un sistema de perfilamiento de riesgo optimizaría la inspección sin sobrecargar a las empresas formales con regulaciones innecesarias.
Reducir la informalidad debería ser el eje central de una reforma laboral, esto permitiría que más colombianos accedan a los beneficios del crecimiento económico, promoviendo una cultura empresarial sólida y un desarrollo sostenido y resiliente. Es imprescindible demostrar que ser formal vale la pena y crear incentivos reales que faciliten la transición, asegurando así una economía más justa, estable y próspera para todos.