Suspender la justicia no es paz

La suspensión de órdenes de captura en Medellín reabre un debate urgente sobre los límites de la “paz total“. No es una decisión menor. Es una señal política contundente.

Además, llega en un momento de aumento sostenido de la violencia en el país. Homicidios, extorsiones y control territorial siguen creciendo. Por eso preocupa profundamente el mensaje que se envía.

El gobierno insiste en que estas medidas facilitan el diálogo. Sin embargo, la realidad muestra pocos avances concretos.

Las estructuras criminales no han cesado sus actividades.

Tampoco han demostrado voluntad real de desmantelarse. Por el contrario, se fortalecen en los territorios. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Estamos negociando la paz o cediendo el control del Estado?

Además, el contexto preelectoral agrava la situación. Las decisiones en materia de seguridad deberían ser especialmente cuidadosas.

La historia reciente muestra cómo los grupos ilegales inciden en elecciones localmente. La combinación entre presencia armada y beneficios jurídicos es peligrosa.

Puede derivar en presiones indebidas sobre votantes y candidatos. La democracia no puede quedar condicionada por actores criminales.

La paz es un objetivo incuestionable. Nadie sensato se opondría a ella. Pero no cualquier camino conduce a ese destino.

Suspender la justicia sin resultados verificables debilita la institucionalidad.

Confunde a los ciudadanos. Y empodera a quienes han vivido al margen de la ley. Colombia necesita una estrategia clara, firme y coherente. Negociar sí, pero con y resultados. Porque sin control territorial ni autoridad legítima, la paz será solo un discurso.

Hasta ahora, la paz total parece buscar dejar en paz a los criminales mientras los ciudadanos siguen atrapados en el miedo, sin garantías reales de seguridad, justicia ni tranquilidad cotidiana.

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