Tres meses después, la realidad

La caída de parte de la estructura de La Luna y la respuesta del secretario de Gestión del Riesgo dejaron al descubierto la verdad: los damnificados tendrán que asumir la reconstrucción de sus vidas.

El funcionario explicó que las demoliciones son responsabilidad de los propietarios, acompañados por comités técnicos.

Es decir, el Estado orienta, acompaña, pero no necesariamente ejecuta.

Así ocurrió tras el terremoto de Popayán. Cada familia, según sus recursos, demolió, reconstruyó o buscó otra vivienda.

Algunos recuperaron su patrimonio. Otros, como mi abuelo, que perdió su finca, nunca volvieron a ver su casa en pie. Él vivió sus últimos años en las casas de sus hijos.

La realidad es que el Estado no tiene capacidad para reponer todas las pérdidas de los particulares.

¿Qué diferencia hay entre perder una vivienda por desplazamiento, un negocio por extorsión o el patrimonio por un desastre natural? Las causas cambian, el drama económico permanece. Los límites de los gobiernos también.

Lo cuestionable es que se prometieron casas y ayudas por doquier, alimentando expectativas difíciles de cumplir.

Y, siguiendo las metáforas religiosas del Gobierno, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.

Pero acompañar sí importa. Los damnificados necesitan asesoría jurídica y técnica para reclamar ante las aseguradoras, acceso a créditos, subsidios a las tasas y medidas que agilicen la construcción.

Tres meses después, debemos sincerarnos sobre lo que cada institución puede ofrecer.

Menos llaves y cheques de cartón, menos visitas para dar palmaditas y más liderazgo para enfrentar un proceso largo y difícil.

Porque las vidas y los patrimonios no se reconstruyen por arte de magia ni con milagros prometidos por funcionarios que están lejos de ser santos.

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