Una amenaza contra todos

Las amenazas contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, conocidas después del atentado terrorista que dejó siete personas muertas y más de 60 heridas cerca de la base aérea, no son hechos aislados.

No se trata de intimidaciones dirigidas únicamente contra las dos principales autoridades de la región, sino de una advertencia que recae sobre toda la ciudadanía.

El origen de este escenario está en los vacíos dejados por el gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro no ha actuado con contundencia contra las organizaciones criminales y, por el contrario, las ha fortalecido con concesiones como los ceses bilaterales incumplidos, el reconocimiento de un estatus político que no tienen y medidas que han limitado la acción de la fuerza pública.

En medio de esta ausencia, la gobernadora y el alcalde han asumido la seguridad regional y urbana con recursos limitados y con la presión de responder al miedo ciudadano.

Por ello, amenazar a Toro y a Eder es amenazar a Cali y al Valle. Es la prueba del poder que han adquirido los grupos armados ilegales, capaces de desafiar al Estado y someter a la población.

Lo ocurrido es también un llamado urgente para que el gobierno nacional recomponga el rumbo, asuma su responsabilidad y despliegue toda la capacidad de la fuerza pública para proteger a la ciudadanía.

No se trata solo de blindar a las autoridades locales, sino de garantizar la tranquilidad y la vida de quienes habitan en Cali, en el Valle y en el resto del país.

Porque lo que ocurre aquí no es distinto de lo que padecen otras regiones donde la seguridad se ha delegado de facto a los mandatarios locales, mientras la Nación sigue ausente.

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