Invertir en defensa no es gasto, es un deber

Los recientes atentados —el de Cali, contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez que dejó 7 muertos y más de 70 heridos, y el de Amalfi, Antioquia, donde murieron 12 policías— confirman una verdad dolorosa: la seguridad nacional no puede seguir tratándose como un gasto, sino como una inversión fundamental para proteger la vida de los colombianos y salvaguardar la democracia.

El gobernador de Antioquia advirtió que había pedido refuerzos para Amalfi y no fueron atendidos, lo que terminó en tragedia.

Al mismo tiempo, en el Valle del Cauca y en Cali el alcalde Alejandro Eder ha denunciado que el gobierno nacional debilitó la inteligencia y recortó un 30 % el presupuesto de seguridad, equivalente a más de un billón de pesos.

Esta reducción se suma a los congelamientos de recursos y a recortes en Ejército y Policía que alcanzan hasta el 47 % de su presupuesto operativo.

La consecuencia está a la vista: mientras los grupos criminales se fortalecen con recursos del narcotráfico, con armas y tecnología, la Fuerza Pública carece de lo más básico para movilizarse, sostener operativos y garantizar presencia permanente en los territorios.

El resultado es un país donde los criminales avanzan y los ciudadanos quedan expuestos, esperando refuerzos que llegan tarde o nunca.

Por eso, más que nunca, es urgente cambiar la mirada sobre la inversión en defensa. No se trata de destinar recursos para “hacer la guerra”, sino de proteger la vida, garantizar la libertad y sostener un Estado democrático que hoy luce debilitado frente al poder criminal.

El gobierno nacional tiene la obligación de recomponer el rumbo y fortalecer a la Fuerza Pública.

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