La amenaza del secuestro y el reto de la seguridad

El aumento de los secuestros en Colombia no es una percepción subjetiva ni una sensación ciudadana aislada.

Las cifras confirman un repunte alarmante de este delito durante 2025, con un crecimiento que prácticamente duplicó los casos frente a 2024 y llevó al país a niveles que no se registraban desde hace dos décadas.

Se trata de una señal inequívoca de deterioro del orden público y de pérdida de control del Estado en amplias zonas del territorio.

Durante los últimos años ya se había observado una tendencia preocupante. A partir de 2022, los secuestros comenzaron a incrementarse de manera sostenida, pero en 2025 el salto fue dramático.

El secuestro extorsivo, en particular, tuvo un crecimiento desbordado, lo que confirma que las organizaciones criminales han fortalecido su capacidad operativa y su margen de impunidad.

Este delito no surge de manera espontánea: es propio de estructuras armadas con control territorial, logística, redes de inteligencia criminal y financiación suficiente.

El regreso del secuestro como práctica recurrente es una prueba irrefutable del retroceso que ha vivido el país en materia de seguridad.

Durante años, Colombia logró reducir este flagelo con una combinación de presión militar, inteligencia, coordinación institucional y voluntad política.

Hoy, ese esfuerzo parece diluido. El secuestro vuelve a ser una herramienta de financiación y control social para guerrillas, disidencias y bandas criminales que operan con mayor libertad.

Este fenómeno está directamente relacionado con las ventajas que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha otorgado a estas organizaciones dentro del marco de la llamada “paz total“.

Los ceses al fuego bilaterales han sido, en la práctica, unilaterales. Solo la fuerza pública los ha cumplido, mientras los grupos armados ilegales han aprovechado esa restricción para expandirse, disputar territorios, fortalecer sus economías ilícitas y cometer todo tipo de crímenes, entre ellos el secuestro, las masacres y la extorsión.

El secuestro no solo afecta a las víctimas directas y a sus familias. Es un mensaje de intimidación colectiva que erosiona la confianza en el Estado, debilita la institucionalidad y normaliza el miedo.

Cuando este delito reaparece con fuerza, queda en evidencia que el control territorial está en disputa y que la autoridad del Estado no se ejerce de manera efectiva en amplias regiones del país.

Este escenario plantea un reto enorme para el próximo presidente de la República. El deterioro de la seguridad no se revertirá con discursos ni con enfoques ideológicos que relativicen la gravedad del crimen.

Se requiere una política clara, coherente y sostenida, que tenga como prioridad la protección de los ciudadanos y el combate frontal a todas las organizaciones criminales, sin excepciones ni romanticismos.

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