Gestores de paz o licencia para delinquir

Las nuevas revelaciones de Noticias Caracol sobre los chats de alias “Calarcá” elevan la preocupación a otro nivel, pues no se trata solo de un jefe de disidencias que sigue delinquiendo, sino de alguien que recibió del gobierno nacional el estatus de gestor de paz y que, según esos mensajes, continuó ordenando asesinatos, reclutando menores y comprando armamento.

Además, el propio informe señala que las estructuras de “Calarcá” hoy tienen 2.800 hombres y presencia en 110 municipios.

La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede el Estado otorgar una figura con privilegios judiciales a quien, en paralelo, comete crímenes como el asesinato de firmantes del acuerdo de paz o el reclutamiento de una niña de 14 años?

Estos chats muestran una realidad que contradice cualquier discurso de reconciliación. En consecuencia, la “paz total” aparece, en este caso, como un escenario aprovechado por las disidencias para fortalecerse mientras disminuye la presión del Estado.

Hay que recordar que alias “Calarcá” fue detenido en Antioquia con armas, dinero y un menor de edad, y luego quedó en libertad por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo, bajo el amparo de la figura de gestor de paz, la cual prohíbe capturar, incluso en flagrancia, a quien esté cobijado por este estatus. Algo absurdo.

Estas revelaciones se conectan con el capítulo de infiltración en las fuerzas militares y en la inteligencia del Estado.

Los chats mencionan a un general como contacto en el Ejército y a un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Nada de esto parece casual.

Sin embargo, las respuestas del presidente Gustavo Petro solo aumentan las dudas; primero habló de infiltración de la CIA, luego aseguró que los chats eran producto de inteligencia artificial, pero ninguna de estas explicaciones vino acompañada de pruebas.

El gobierno ya no puede limitarse a dar excusas, debe depurar funcionarios y mandos con indicios serios de vínculos con grupos criminales y retirar de inmediato cualquier estatus o beneficio a quienes sigan delinquiendo o, de lo contrario, terminará dándole la razón a quienes señalan una supuesta alianza con criminales que se gestó en 2022 para ganar la Presidencia.

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