Una consulta innecesaria

Mientras la reforma laboral continúa su trámite en la Comisión Cuarta del Senado, el Gobierno insiste en convocar una consulta popular que no solo resulta innecesaria, sino también costosa y políticamente conveniente.

En lugar de avanzar en el debate legislativo, el presidente Gustavo Petro insiste en llevar al país a las urnas para preguntar sobre temas que, en su mayoría, ya están regulados.

El nuevo texto radicado por el Ejecutivo incluye interrogantes cuya respuesta es obvia o cuya aplicación ya está contemplada por la ley.

Preguntar si los medicamentos deben tener precios justos resulta redundante cuando desde hace más de una década existe una regulación de precios y una Comisión Nacional encargada del tema.

Incluso, el propio Ministerio de Salud expidió en marzo de este año una resolución para la compra centralizada de medicamentos para enfermedades huérfanas.

Del mismo modo, consultar sobre permisos por menstruación incapacitante no tiene sentido cuando la Corte Constitucional, desde 2023, ya reconoció la endometriosis como una patología que requiere medidas de flexibilidad laboral.

El fallo protege incluso contra despidos por esta causa, garantizando derechos que hoy se presentan como si fueran una propuesta nueva.

Este uso reiterado de los mecanismos de participación no busca ampliar la democracia, sino instrumentalizarla.

Más preocupante aún es que, mientras se impulsa esta consulta, el Gobierno promueve al mismo tiempo un paro nacional y plantea una eventual huelga general, creando un clima de presión que roza la intimidación institucional.

Derrochar más de 700 mil millones de pesos en una consulta que no resuelve nada, mientras millones de colombianos esperan soluciones urgentes en salud, seguridad y educación, no es un acto de participación ciudadana: es populismo electoral.

Es hora de que el país despierte y exija que los recursos públicos se usen para gobernar, no para hacer campaña.

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