Hay que rodear al registrador

El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que convoca una consulta popular que el Senado ya negó, con su decisión, se saltó el orden constitucional y ordenó a la Registraduría organizar en solo 53 días un proceso que, por logística, exige al menos 90. Ante esto, el registrador Hernán Penagos optó por el camino correcto: puso el asunto en manos de las altas cortes; no suspendió la consulta por capricho, la encausó por la vía legal.

La Constitución establece que el registrador es autónomo y responde a las cortes que lo eligieron, no al presidente de turno.

Penagos recurrió a esa potestad frente a un decreto que desconoce la decisión del Senado y compromete recursos sin seguridad jurídica.

Al pedir concepto al Consejo de Estado (que ayer suspendió el decreto de la consulta) y a la Corte Constitucional, buscó certeza antes de invertir cientos de miles de millones en una convocatoria cuestionada desde su origen.

La reacción del presidente fue acusar al registrador de sedición, señalamiento alarmante e infundado, pues sedición implica sublevación contra el orden legal, y Penagos actuó justamente para protegerlo. Quien está desconociendo a otro poder público es el Ejecutivo, que pretende imponer una consulta sin aval del Legislativo.

El registrador no dijo “no” a la consulta; simplemente preguntó si se puede hacer conforme a la Constitución.

También pesa el factor logístico. Votar el 7 de agosto supondría producir tarjetones, instalar mesas y capacitar jurados en tiempo récord, lo que implica un gran riesgo de fallas, fraude o exclusión.

Pasar por alto estos tiempos sería un acto irresponsable que pondría en entredicho el resultado mismo de la consulta.

El presidente Petro debe entender que su poder no es absoluto. Colombia descansa en un equilibrio entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cuando uno de esos poderes intenta imponerse a los demás, corresponde a los funcionarios responsables detener el abuso y pedir arbitraje institucional.

Eso hizo Penagos. Su decisión no bloquea la voluntad popular; la protege de un atropello legal y de un fracaso operativo. Defender las reglas es la única forma de defender la democracia.

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