¿Intervenciones: para salvar o para matar las EPS?

La salud de los colombianos no puede estar sometida a improvisaciones ideológicas.

El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la Nueva EPS reveló un panorama preocupante: anticipos desbordados que ponen en riesgo la liquidez, facturas acumuladas por más de 22 billones sin revisar, cuentas por pagar que ya superan los 21 billones y reservas técnicas subestimadas.

A esto se suma la falta de soportes contractuales y deficiencias tecnológicas, todo en una entidad que cubre a casi una cuarta parte de la población.

Es decir, lejos de mejorar, bajo la intervención estatal los problemas se multiplican.

La carta de Keralty, tras el fallo de la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención a EPS Sanitas, refuerza esas dudas.

Según la compañía, el resultado de la medida fue un sistema colapsado, pacientes desatendidos y redes de atención debilitadas.

La decisión judicial deja en evidencia que la intervención no fue solo ilegal, sino que terminó generando más caos.

Si el objetivo era proteger a los usuarios, el efecto fue exactamente el contrario: mayor desconfianza y un deterioro en la atención.

En este contexto surge una inquietud inevitable: ¿qué busca el gobierno del presidente Gustavo Petro con estas intervenciones?

La sospecha de que se trate de un camino indirecto para desmontar el modelo de aseguramiento y empujar a Colombia hacia un sistema estatizado cobra fuerza.

El problema es que la red pública hospitalaria no está en capacidad de reemplazar los servicios que hoy prestan las EPS.

Es decir, se intenta acabar con un modelo sin tener otro listo, dejando a millones de colombianos a la deriva en el acceso a su salud.

La improvisación es evidente. Mientras el gobierno plantea un cambio estructural que no ha logrado aprobar en el Congreso, interviene EPS y las hunde más, sin ofrecer garantías de un modelo alternativo viable.

Lo más grave es que en medio de esta puja ideológica, la verdadera víctima es el ciudadano: aquel que espera una cita, un medicamento o una cirugía y encuentra cada vez más barreras.

La salud de millones no puede depender de un pulso político. Se necesita responsabilidad, transparencia y sobre todo un modelo sólido que garantice continuidad y eficiencia.

¿El gobierno busca salvar las EPS o destruirlas? Esa es la pregunta que hoy queda en el aire y que exige respuestas claras, porque mientras tanto, la salud de los colombianos sigue en riesgo.

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