Buenaventura: ¿otra alerta sin solución?

El drama humanitario que se vive en Buenaventura debería avergonzar a Colombia entera. El puerto que mueve casi la mitad del comercio exterior del país contrasta de manera absurda con una ciudad empobrecida, violenta y cada vez más abandonada a su suerte.

La Defensoría del Pueblo acaba de lanzar un nuevo llamado de alerta: los recientes desplazamientos intraurbanos en barrios como San Antonio y en comunas como la 10 y la 12 demuestran que la disputa de los grupos armados ilegales sigue expulsando familias de sus hogares, sin que la institucionalidad logre contener este drama.

A este desplazamiento interno se suma otro fenómeno igual de doloroso: la apropiación de las viviendas de las víctimas por redes criminales que se fortalecen mientras la respuesta estatal se limita a discursos, operativos intermitentes o diálogos sin resultados visibles.

Nada ha cambiado de fondo. Mientras la zona urbana sigue atrapada entre Shotas y Espartanos, en la zona rural la guerra por el control del narcotráfico y la minería ilegal se libra entre el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

La población civil, como siempre, queda sola, atrapada entre balas y promesas incumplidas.

Las cifras no mienten y deberían sacudir a cualquier gobierno. Más de un tercio de los habitantes de Buenaventura vive en pobreza multidimensional y casi la mitad sufre desempleo estructural. El 50 % carece de servicios básicos como agua potable y alcantarillado.

La educación se convierte en otro reflejo del abandono: apenas un 35 % de los jóvenes logra continuar en la educación media.

Todo esto sucede mientras el puerto se presenta ante el mundo como símbolo de eficiencia y conexión global.

Esa dualidad es un retrato de nuestras contradicciones más profundas: una ciudad clave para la economía nacional, pero incapaz de garantizarles seguridad y oportunidades a sus propios habitantes.

No basta con enviar tropas por unos días ni con repetir discursos de paz mientras se incumplen los compromisos adquiridos.

El cumplimiento del acuerdo del Paro Cívico de 2017 avanza a paso lento y en el mejor de los casos no supera el 30 %.

En Buenaventura no se derrota la violencia solo con pie de fuerza. Se derrota cuando llega la inversión social, cuando los niños tengan escuelas dignas, cuando los jóvenes tengan alternativas distintas a la ilegalidad y cuando la gente deja de sentir que huir es su única opción.

Cada día de abandono es terreno fértil para la ilegalidad.

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