Petro dejó solos al Cauca y al Valle contra el terrorismo

La arremetida terrorista que golpeó al suroccidente colombiano desde el viernes dejó una pregunta inevitable sobre el liderazgo frente a la crisis.

El atentado contra el Batallón Pichincha en Cali, seguido horas después por el ataque al Batallón Agustín Codazzi en Palmira, marcó el inicio de un fin de semana que terminó con el hecho más grave: una acción terrorista en la vía Panamericana que dejó al menos 19 personas muertas.

Sin embargo, más allá de la gravedad de los hechos, lo que desconcertó fue la ausencia del presidente Gustavo Petro en el territorio.

En un momento que exigía presencia institucional y conducción directa como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no se registró su participación en un consejo de seguridad en la región.

Por el contrario, en medio del duelo nacional, el mandatario publicó una imagen de celebración de su cumpleaños con exintegrantes del M-19, lo que generó cuestionamientos sobre sus prioridades.

En ese contexto, la desconexión entre el nivel central del Gobierno y la realidad de las regiones golpeadas por la violencia se hace evidente.

Mientras el país enfrentaba una escalada atribuida, según hipótesis, a disidencias de las Farc, la respuesta política no estuvo a la altura de la gravedad del momento.

La seguridad no admite vacíos de liderazgo ni mensajes ambiguos.

Además, estos hechos no pueden analizarse de manera aislada. Se inscriben en un escenario donde distintos sectores han advertido el fortalecimiento de grupos armados ilegales.

La política de “paz total”, que buscaba abrir canales de diálogo, enfrenta hoy cuestionamientos frente a sus resultados, especialmente cuando estas organizaciones mantienen o incluso incrementan su capacidad de acción violenta.

En consecuencia, el debate no es ideológico, sino de resultados. Colombia necesita una política de seguridad que priorice la protección de los ciudadanos, la recuperación del control territorial y la persecución efectiva de estructuras criminales, sin distinciones ni justificaciones.

Por eso, en vísperas de la primera vuelta presidencial, el país enfrenta una decisión crucial. Evaluar las propuestas en materia de seguridad no es un ejercicio secundario, sino una necesidad urgente ante un contexto que evidencia fragilidad institucional.

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