Cuando el presidente desconoce los fallos

Si el presidente de la República no respeta las decisiones judiciales, ¿entonces quién? La pregunta es inevitable tras la reiterada actitud de Gustavo Petro frente a fallos que no le favorecen, como el reciente pronunciamiento del Consejo de Estado que le ordenó no transmitir los consejos de ministros por canales privados de televisión.

Pese a ello, el jefe de Estado volvió a hacerlo, esta vez escudándose en que no era un consejo de ministros, sino una alocución presidencial, argumento que raya en la burla.

Este tipo de actitudes alimentan los temores sobre un eventual desconocimiento del sistema de pesos y contrapesos, uno de los pilares de toda democracia, pues, para usar un término que al propio presidente le gusta mucho, estos son “golpes blandos” contra la institucionalidad.

Petro incurre precisamente en lo que tanto denuncia: abuso del poder, manipulación mediática y deslegitimación de las instituciones.

El Consejo de Estado fue claro: el mandatario puede dirigirse al país por canales públicos cuando la urgencia lo amerite, pero no tiene vía libre para convertir cualquier reunión en una plataforma de propaganda.

La sentencia responde al principio de pluralismo informativo, y Petro debería ser el primero en acatarla. No se trata de una sugerencia, sino de una orden judicial.

El problema no es solo de forma, sino de fondo. Cuando el máximo dirigente del país actúa como si estuviera por encima de la justicia, envía un mensaje nefasto: que obedecer la ley es opcional, lo que erosiona la confianza en las instituciones y distorsiona la idea de democracia.

Petro no puede seguir confundiendo su función de gobernante con la de activista en campaña permanente.

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