Las dos caras del salario mínimo

El aumento del salario mínimo abrió en Colombia un debate que tiene dos caras y ninguna puede ignorarse: para millones de trabajadores representa un alivio inmediato, una mejora en el ingreso mensual y una sensación legítima de recuperación del poder adquisitivo en medio del alto costo de vida, mientras que para buena parte del sector productivo, en cambio, genera inquietud por el impacto que tendrá sobre los costos laborales, la estabilidad de las empresas y la conservación del empleo formal.

Desde la perspectiva social, el incremento del 23 % tiene una carga emocional evidente.

En muchos hogares el salario no alcanzaba para cubrir necesidades básicas y cualquier ajuste se percibe como una reivindicación largamente esperada.

Mayor ingreso implica, en principio, más consumo y una posibilidad de dinamizar la economía interna. Ese efecto no es menor y explica el respaldo ciudadano que suele tener este tipo de decisiones.

Sin embargo, el salario mínimo no opera de manera aislada. Tiene efectos directos sobre toda la estructura de costos del país.

Sectores intensivos en mano de obra, pequeñas y medianas empresas y actividades con márgenes reducidos advierten que un aumento de esta magnitud supera los escenarios técnicos previstos y rompe la planeación financiera ya definida para el próximo año.

A ello se suma el hecho de que muchos contratos, tarifas y servicios ya estaban pactados bajo supuestos económicos distintos.

La ausencia de concertación agravó el escenario. Al no lograrse un acuerdo entre empresarios, trabajadores y Gobierno, se perdió la oportunidad de enviar un mensaje de equilibrio y corresponsabilidad.

El retiro de los gremios de la mesa dejó el camino libre para una decisión unilateral que terminó superando incluso las pretensiones sindicales.

A partir de este punto, el debate debe cambiar de tono. El salario mínimo ya fue decretado y es una realidad.

La pregunta ahora es cómo lograr que ese incremento no se traduzca en pérdida de empleos, informalidad o cierre de empresas.

Ahí la responsabilidad recae de manera directa sobre el gobierno nacional, que debe generar condiciones para que el aparato productivo pueda absorber el aumento sin colapsar.

Aliviar cargas, evitar indexaciones automáticas al salario mínimo, ofrecer estímulos a la formalización y acompañar a los sectores más vulnerables son medidas urgentes.

También se requiere prudencia fiscal y una política económica coherente que no convierta el incremento salarial en un detonante inflacionario.

Las comparaciones con experiencias como la de Venezuela, donde aumentos desbordados terminaron erosionando el empleo y disparando precios, deben servir como advertencia.

El país no necesita una discusión ideológica sobre quién gana y quién pierde, necesita que ambas caras de esta decisión encuentren un punto de equilibrio.

Un salario digno solo es sostenible si existe un tejido empresarial fuerte que lo respalde. De lo contrario, el alivio de hoy puede convertirse en el problema de mañana.

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