Un acuerdo necesario para el salario mínimo

La discusión sobre el salario mínimo del próximo año no puede convertirse en una confrontación entre sectores, el país necesita que trabajadores, empresarios y gobierno lleguen a la mesa con voluntad real de concertación.

El objetivo central es claro: mejorar el poder adquisitivo de los colombianos sin afectar la estabilidad del empleo ni la sostenibilidad del aparato productivo.

Un aumento responsable puede fortalecer la economía interna, mientras que una decisión improvisada puede traducirse en cierres empresariales, informalidad y pérdida de puestos de trabajo.

El anuncio del ministro del Interior, Armando Benedetti, anticipó el debate. Propuso un salario de $1.800.000 antes del inicio formal de la negociación.

Su declaración generó entusiasmo en algunos sectores sindicales, que consideran necesaria una corrección que favorezca a los hogares trabajadores.

Sin embargo, también despertó preocupación en los gremios empresariales, que advierten riesgos inflacionarios y disminución de competitividad.

Esta tensión evidencia la importancia de respetar los tiempos y reglas definidos por la Ley 278 de 1996, que plantea una discusión basada en criterios técnicos como inflación, productividad y crecimiento del PIB.

La negociación del salario mínimo no debe ser escenario para descalificaciones o enfrentamientos ideológicos. Colombia necesita construir confianza entre quienes producen y quienes trabajan.

El consumo interno se dinamiza con ingresos dignos, pero el empleo formal se sostiene con empresas estables y viables. Por eso, la búsqueda del equilibrio es fundamental.

Un acuerdo logrado en la mesa enviaría un mensaje de madurez institucional y compromiso colectivo.

El país requiere decisiones responsables, no anuncios anticipados ni presiones mediáticas. Que el salario mínimo sea un punto de encuentro, no puede convertirse en una bandera de división.

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