Las finanzas públicas no se manejan a la ligera

El debate abierto por la declaratoria de emergencia económica y los nuevos tributos decretados por el Gobierno Nacional dejó al descubierto un problema de fondo: la manera ligera e improvisada como se están tomando decisiones que afectan las finanzas públicas del país.

Por eso, la reacción de los gobernadores no solo es comprensible, sino legítima, porque pone sobre la mesa un principio básico de la administración pública: la responsabilidad fiscal.

El reclamo de las regiones no surge de un capricho político ni de una postura ideológica, sino de la realidad financiera de los departamentos, que dependen en buena medida de las rentas cedidas para sostener servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte.

Cuando el gobierno central pretende disponer de esos recursos sin un análisis profundo de sus impactos, lo que se genera es un choque institucional que pudo evitarse con diálogo previo y planeación seria.

Desde esa perspectiva, los gobernadores tienen razón al advertir que el decreto de emergencia económica afecta directamente las finanzas territoriales y compromete recursos que no pertenecen a la Nación, sino a los departamentos y a sus ciudadanos.

La negativa a aplicar el impoconsumo no es un acto de rebeldía, sino una defensa de las rentas cedidas, que están destinadas por ley a sectores sensibles como la salud, la educación y el deporte. También es válido que las regiones acudan a la Corte Constitucional.

No se trata de negarse a aportar al equilibrio fiscal del país, sino de exigir que las decisiones se tomen con rigor técnico, evaluando consecuencias y respetando las reglas de juego.

La emergencia económica, además, se decretó luego de que el Congreso negara una reforma tributaria, en un ejercicio legítimo de pesos y contrapesos.

Insistir en obtener recursos por vías excepcionales, sin hechos sobrevinientes claros, profundiza la desconfianza y genera incertidumbre jurídica, justo en un momento en el que el país necesita estabilidad y confianza.

El acuerdo para instalar mesas técnicas es un paso en la dirección correcta, pero llega tarde. Estas discusiones debieron darse antes de firmar decretos y anunciar impuestos.

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