Decisión sin consenso agudiza la incertidumbre económica

La acción de tutela que busca frenar el aumento del salario mínimo decretado para 2026 es un síntoma preocupante.

No por su forma jurídica, sino por lo que revela: una falla profunda en el diseño institucional de decisiones clave para el país.

Determinar el salario mínimo no puede ser una imposición unilateral, ni del Gobierno ni de los tribunales. Tampoco puede resolverse en la calle, mediante movilizaciones.

El incremento del 23 %, decretado sin consenso, superó incluso la propuesta de los trabajadores, que planteaban un 16 %.

La inflación del año anterior cerró en 5,10 %. Esta brecha impacta directamente a las mipymes, que soportan la mayor carga laboral.

También se traduce en aumentos generalizados en arriendos, matrículas, tarifas y servicios, golpeando especialmente a los hogares informales que no reciben el aumento.

Es cierto que millones de trabajadores formales verán un mayor ingreso. Sin embargo, también aumentan los costos para quienes generan empleo y se eleva el riesgo de informalidad, desempleo y cierre de negocios.

Una política salarial no puede pensarse en función de una sola parte, por legítima que sea su causa. Requiere equilibrio, evidencia y responsabilidad fiscal.

Ahora bien, tampoco es deseable que un juez constitucional decida sobre la validez o no del incremento.

¿Está capacitado un juez para evaluar los impactos macroeconómicos de una política pública de esta magnitud? Colombia ha protegido su estabilidad económica al dejar su manejo en manos de técnicos independientes, con criterios técnicos y metas de largo plazo.

Politizar el salario mínimo —y judicializarlo— pone en riesgo esa institucionalidad.

El país necesita fortalecer el diálogo tripartito y asegurar que decisiones como esta respondan a estudios técnicos, no a intereses electorales. Un salario digno es una meta nacional.

Pero solo puede alcanzarse si se construye con seriedad, visión de futuro y participación real de todos los sectores.

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