El Chocó, en manos de los grupos criminales

El departamento del Chocó, una región que en las pasadas elecciones presidenciales depositó su esperanza de cambio en Gustavo Petro, se encuentra hoy en una situación de seguridad aún más crítica que hace dos años.

Con un abrumador 82,94% de los votos en la segunda vuelta, los chocoanos confiaron en un líder que prometía proteger a los más vulnerables. Sin embargo, la realidad actual revela un Chocó sumido en el abandono y bajo el control de grupos criminales.

El confinamiento de más de 50 mil personas, el dominio territorial de grupos como el ELN y el Clan del Golfo, y el hecho de que Chocó represente el 79% de los confinamientos a nivel nacional son indicadores de una crisis humanitaria que el país ignora.

Este departamento, segundo en desplazamientos forzados, sufre la violencia de organizaciones que disputan el control de negocios ilícitos, mientras el gobierno nacional mantiene un supuesto “cese” bilateral con estos grupos. Un “cese” que, en la práctica, ha sido unilateral, pues mientras las Fuerzas Militares permanecen maniatadas, los criminales expanden su control, moviendo drogas, armas y minería ilegal, y sometiendo a la población civil a un régimen de terror.

Las comunidades en los municipios más apartados están desprotegidas, y la inacción del Estado ha permitido que los victimarios se fortalezcan.

El envío de 5.000 uniformados para contrarrestar la ofensiva criminal en el Chocó es un paso necesario, pero insuficiente si no viene acompañado de una autorización sin restricciones para que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía actúen con contundencia en defensa de la ciudadanía, de los recursos naturales y de la soberanía.

El gobierno de Petro debe elegir de qué lado está: si realmente defiende a los desprotegidos, como proclama su discurso, o si sigue permitiendo que su inacción beneficie a los criminales, dejando a las víctimas expuestas y a Chocó en el olvido.

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