Catatumbo, una crisis que exige hechos

El Catatumbo volvió a convertirse, a finales de 2025 y en el inicio de 2026, en el reflejo más crudo del deterioro de la seguridad en Colombia.

Desplazamientos masivos, enfrentamientos armados, confinamientos y un clima de miedo permanente confirman que esta región estratégica del nororiente del país sigue atrapada en una disputa violenta por el control territorial, donde convergen guerrillas, disidencias, narcotráfico y economías ilegales de todo tipo.

Nada de esto es nuevo. El Catatumbo ha vivido ciclos repetidos de violencia durante décadas. Sin embargo, lo que resulta alarmante es que, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, la situación parece haber tocado fondo, regresando a niveles de inseguridad comparables con los peores momentos de su historia reciente.

El control territorial de los grupos armados se ha fortalecido, mientras la población civil vuelve a pagar el precio más alto.

En los últimos días, los enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales provocaron nuevos desplazamientos forzados y obligaron a comunidades enteras a abandonar sus hogares.

Familias completas se vieron forzadas a huir, mientras alcaldías y entidades humanitarias intentan atender una emergencia que se repite y que, pese a las alertas tempranas, nunca fue contenida de manera efectiva.

El drama humanitario volvió a instalarse como una constante en una región olvidada por el Estado.

Hace apenas horas, el gobierno nacional anunció una intervención militar para retomar el control del Catatumbo.

El anuncio genera expectativa, pero también escepticismo. Experiencias recientes, como las anunciadas operaciones en el Cauca, terminaron siendo acciones de corta duración, con alto despliegue mediático y escasos resultados sostenidos en el territorio.

La preocupación no es menor: la población del Catatumbo no necesita anuncios, necesita presencia permanente del Estado.

El problema de fondo no es únicamente operativo. Este gobierno ha mostrado una dificultad evidente para enfrentar con decisión a los grupos criminales.

La política de seguridad quedó atrapada en ambigüedades, ceses mal diseñados y una visión que, en la práctica, terminó otorgando ventajas estratégicas a organizaciones armadas que nunca dejaron de delinquir. Mientras tanto, las comunidades quedaron expuestas.

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