¿Indignación espontánea o manipulación política?

La controversia alrededor del estatuto tributario que actualmente tramita el Concejo de Cali dejó de ser un debate técnico para convertirse en una disputa política cargada de desinformación.

Las versiones que circulan sobre una supuesta prórroga automática de beneficios tributarios para el Club Campestre no corresponden, según lo explicado por el director de Hacienda, Jhon Quinchúa, a lo que realmente se discute en el proyecto.

Sin embargo, más allá de las precisiones técnicas, lo verdaderamente llamativo es el momento en el que este tema volvió a instalarse con fuerza en la conversación pública.

Cuando faltan apenas días para la primera vuelta presidencial, resulta inevitable preguntarse si detrás de la difusión de información imprecisa existe una intención política orientada a generar indignación y capitalizarla electoralmente.

En ese contexto, las explicaciones entregadas por los responsables del proyecto son claras. El estatuto tributario no individualiza exenciones ni define beneficios específicos para el Club Campestre o para cualquier otro predio.

El debate sobre los bienes de interés cultural y sus eventuales beneficios tributarios deberá darse durante la discusión del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, el próximo semestre.

Además, esa clasificación que genera exenciones tributarias para los predios cobijados por esa figura, no fue creada por la administración de Alejandro Eder, sino que existe desde 2007 y fue ratificada en 2014.

Además, el alcalde ya se declaró impedido para participar en esa discusión futura por temas relacionados con propiedades familiares.

Por eso, la coincidencia entre la difusión de estas versiones y la recta final de la campaña presidencial inevitablemente genera preguntas, más aún cuando los sectores que impulsan esta narrativa hacen parte de la misma corriente política que hace cuatro años se benefició electoralmente del clima de indignación y confrontación que dejó el estallido social en la ciudad.

En consecuencia, los caleños tienen derecho a exigir debates responsables y sustentados en información verificable.

La crítica política es legítima, pero construir indignación a partir de versiones imprecisas o distorsionadas termina contaminando el debate democrático.

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