Si Petro quiere hacer campaña, debe renunciar

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro parece haber tomado una decisión: dejar de comportarse como jefe de Estado para asumir plenamente el papel de jefe político de la campaña de Iván Cepeda.

Si ese es el camino que eligió, lo correcto, lo transparente y lo respetuoso con los colombianos sería que renunciara a la Presidencia y se dedicara abiertamente a hacer política.

La razón es sencilla. Un presidente de la República no puede ser al mismo tiempo árbitro y jugador, no puede ser el responsable de garantizar unas elecciones transparentes y, simultáneamente, actuar como jefe de debate de uno de los candidatos. Cuando eso ocurre, los equilibrios democráticos se rompen y la confianza ciudadana comienza a deteriorarse.

Por eso, resultan tan preocupantes las actuaciones del mandatario en los últimos días.

No solo ha salido permanentemente en defensa del candidato del partido gobernista, sino que además ha utilizado sus plataformas institucionales y su investidura presidencial para atacar a quienes representan posiciones distintas a las de su proyecto político.

A esto se suma el discurso sobre un supuesto fraude electoral del que sigue sin presentar pruebas concretas.

Lo más grave es que esas acusaciones han sido contradichas por los hechos.

Los escrutinios avanzan y confirman los resultados del preconteo. Las autoridades electorales ratifican la transparencia del proceso. Los observadores nacionales e internacionales no han reportado irregularidades que permitan poner en duda la voluntad popular expresada en las urnas.

Incluso la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que acompañó el proceso, ha transmitido confianza en el desarrollo de las elecciones.

Mientras tanto, las investigaciones por presunta participación en política contra el presidente siguen acumulándose.

Sin embargo, existe una sensación creciente de que los mecanismos institucionales encargados de controlar estos comportamientos tienen pocas posibilidades reales de actuar.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que constitucionalmente tiene la facultad de investigar al jefe de Estado, sigue siendo percibida como un escenario político más que como una instancia judicial efectiva.

Por eso preocupa que el presidente continúe escalando una confrontación que no le corresponde alimentar.

Su deber constitucional es ofrecer garantías a todos los candidatos, proteger la transparencia del proceso y transmitir tranquilidad a los ciudadanos.

No generar sospechas, no promover dudas infundadas y mucho menos actuar como si todavía estuviera en campaña.

En ese contexto cobra vigencia la propuesta planteada por el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, quien sugirió que si Gustavo Petro pretende dedicarse de lleno a la campaña presidencial, debería apartarse del cargo y permitir que la vicepresidenta Francia Márquez asuma la conducción del Estado durante este periodo.

Los colombianos tienen derecho a una competencia electoral equilibrada. Tienen derecho a que el Gobierno Nacional no incline la balanza en favor de ningún candidato.

Tienen derecho a que el presidente sea presidente de todos y no jefe político de una sola campaña.

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