Elecciones bajo sombra armada

Las denuncias sobre una supuesta presión de grupos armados ilegales para favorecer electoralmente a Iván Cepeda no pueden subestimarse, más allá de las posiciones políticas en disputa.

La controversia, que incluye declaraciones de Roy Barreras sobre la capacidad de estas estructuras para incidir en votaciones y acusaciones directas hechas por Paloma Valencia, reabre una preocupación estructural: las garantías reales para ejercer el derecho al voto en zonas bajo control criminal.

Este no es un debate nuevo ni aislado, pues existen antecedentes que alimentan la discusión, como lo ocurrido en las elecciones de 2022 en municipios con alta presencia de grupos armados, como Argelia, Cauca, allí la participación alcanzó el 74,02%, muy por encima del promedio nacional del 58%, y el 93,44 % de los votos fueron por un mismo candidato: Gustavo Petro.

Aunque no existen conclusiones definitivas, estos datos han sido interpretados por algunos sectores como señales de posible incidencia, hipótesis reforzada por el trato preferencial que el actual gobierno le otorga a estos grupos al margen de la ley.

En ese contexto, el crecimiento de los grupos armados ilegales añade un elemento de riesgo.

Según la Fundación Ideas para la Paz, estas estructuras superaron los 27.000 integrantes en 2025, con un aumento del 23,5%, además de un incremento en disputas, desplazamientos y secuestros.

Este fortalecimiento no solo impacta la seguridad, sino también la vida cotidiana de las comunidades, lo que incluye su comportamiento electoral.

Por eso, el punto central debe ser la democracia. La decisión sobre quién gobierna debe ser soberana y libre de cualquier presión, ya sea a favor o en contra de algún aspirante.

Permitir la interferencia de actores ilegales desvirtúa el sentido mismo del proceso electoral.

En consecuencia, todos los sectores políticos deben rechazar de manera categórica cualquier intento de injerencia armada.

No se trata de una disputa partidista, sino de una garantía básica del sistema democrático.

Al mismo tiempo, la responsabilidad principal recae en el gobierno nacional, que debe garantizar condiciones de seguridad para todos los candidatos.

Esto implica recuperar el control en los territorios donde operan estos grupos y evitar que sigan ejerciendo dominio sobre las comunidades.

Además, resulta necesario revisar el alcance de figuras como la de gestores de paz, cuando permiten que actores criminales permanezcan en libertad, pues quienes integran estructuras ilegales no pueden convertirse en factores de influencia electoral.

La pregunta de fondo es si el gobierno garantizará elecciones totalmente libres o si permitirá que la sombra de las armas incida en las urnas.

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