Predial desbordado, falta de coordinación

Las protestas recientes en distintas regiones del país por el aumento del impuesto predial, especialmente en zonas rurales, evidencian un problema que se salió de control.

La actualización catastral, que debía corregir distorsiones históricas en los avalúos, terminó generando incrementos desproporcionados que desataron malestar social.

Sin embargo, el origen del problema no es político, sino técnico. La actualización catastral responde a una política nacional que busca reflejar el valor real de los predios, pero su impacto directo recae sobre el impuesto predial, cuya tarifa es definida por las alcaldías.

En consecuencia, se trata de una responsabilidad compartida entre el gobierno nacional, a través de entidades como el Igac, y los gobiernos locales.

En ese contexto, lo ocurrido es el resultado de una descoordinación evidente. Mientras la Nación impulsó la actualización de los avalúos, no se generaron mecanismos suficientes para mitigar su impacto en la liquidación del impuesto y, al mismo tiempo, muchas alcaldías aplicaron las tarifas sin ajustes que amortiguaran el incremento, lo que terminó trasladando toda la carga al contribuyente.

El resultado es predecible. Si a un ciudadano le duplican o triplican el avalúo de su propiedad, el impuesto se dispara, sin que necesariamente exista un aumento real en su capacidad de pago.

Esto, en un contexto donde los hogares ya enfrentan múltiples cargas tributarias, se convierte en un factor de asfixia económica.

Por eso, resulta preocupante que la respuesta institucional derive en evasión de responsabilidades.

No se trata de señalar culpables ni de escalar tensiones entre el gobierno nacional y los mandatarios locales, sino de pedir acuerdos a partir de un debate técnico.

El catastro no puede convertirse en un instrumento de presión política ni en una herramienta que genere incertidumbre.

Es un componente clave de las finanzas públicas, pero su manejo requiere equilibrio entre el fortalecimiento del recaudo y la capacidad real de pago de los ciudadanos.

En consecuencia, el camino es claro: el Gobierno Nacional y las alcaldías deben sentarse a coordinar medidas que corrijan los excesos.

Esto puede incluir ajustes graduales, topes al incremento o mecanismos de alivio para sectores más afectados. Es cuestión de voluntad.

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